El dilema del impuesto global a las empresas

Uno de los casos empresariales y de política económica más estudiados en América Latina sobre el impacto de la inversión corporativa extranjera en un país otrora dedicado a la venta de bananos y café es el de Intel y Costa Rica. Todo empezó durante el gobierno de José María Figueres entre 1994 y 1998 cuando los centroamericanos negociaron con la multinacional estadounidense de alta tecnología, Intel, el establecimiento de una factoría de microprocesadores que a la postre no solo transformó la economía del país en términos de exportaciones y de ingreso per cápita, sino que le aseguró al pequeño país un salto en el desarrollo. Pero tuvo un final traumático cuando en 2014 abandonó parte de sus inversiones para radicarlas en otros mercados de la cuenca del Pacífico -Vietnam y Malasia- que le ofrecieron mejores tasas impositivas. La lección vuelve a ser la misma: “there ain’t no such thing as a free lunch”, poco más o menos que no existen los almuerzos gratis, y que la apuesta por Costa Rica mucho tenía que ver con los costos de mano de obra, de calidad del recurso humano, pero ante todo con los impuestos que siempre serán más atractivos de un país a otro.

Los posteriores gobiernos costarricenses entendieron el juego, bajaron impuestos y en los siguientes años atrajeron otras multinacionales que empezaron a disfrutar de impuestos bajos y altas prerrogativas, situación que no será así para toda la vida, pues siempre habrá un gobierno de algún país en cualquier rincón del mundo dispuesto a “robarse” esas inversiones con tasas módicas para sus plantas y factorías. Esa competencia entre sistemas tributarios en los diferentes países ha llevado a que se piense en un mínimo tributo internacional para que no se genere una suerte de competencia desleal entre corporaciones y entre países, pues el objetivo final siempre debe ser el mismo: maximizar las ganancias de los socios y accionistas, al tiempo que se genere bienestar y desarrollo en los mercados, cualquiera sea su ubicación geográfica.

El epicentro de la idea de establecer un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales está en la Ocde y desde su primera enunciación ha tenido fuertes detractores que son una minoría muy poderosa. Pero Estados Unidos -cuna de las grandes corporaciones- se pasó al bando del llamado “mínimo global” arrastrando al terreno de lo posible algo que se veía lejano y soñador. El nuevo gobierno de Joe Biden propuso un mínimo impositivo de 21%, una cifra más alta de lo que habían propuesto los países europeos que se comprometían con 15%. Con esta discusión sobre la mesa internacional, en medio de una pandemia, hace soñar con que la competencia entre los países por ofrecer impuestos cada vez más bajos a las grandes corporaciones está por terminar y ayudará a las golpeadas arcas fiscales que se han quedado vacías por la atención de la situación.

No solo se trata de un gran avance en términos de solidaridad global tributaria, sino en un verdadero apoyo a los gobiernos para que aumenten su recaudación fiscal. Si esta iniciativa prospera con el respaldo de Estado Unidos y de la Unión Europea se obligará a que las multinacionales rediseñen sus modelos de negocios muchas veces apalancados en mano de obra barata e impuestos bajos, especialmente software, servicios y servicios digitales y ahora farmacéuticas.