El Congreso estará entre el Plan y la JEP

La próxima semana arrancan en pleno las discusiones oficiales en el Congreso de la República, signadas esta vez por la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y las objeciones del Ejecutivo sobre la Justicia Especial para la Paz, dos temas que riñen por la importancia para el futuro del país y que definirán el corto plazo la armonía política nacional y el desarrollo de las regiones. Claramente, son temas que a simple vista no se interconectan, pero que están entrelazados por el mismo cordón umbilical que es el conflicto armado que ha padecido Colombia y sigue enquistado en varias de las nueve regiones que ha pintado el mapa del Plan Nacional de Desarrollo ideado a 2022. El presidente, Iván Duque, ha presentado serios reparos a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, reparos u objeciones que si son bien abordados por los congresistas le darán un marco más seguro al futuro del país, pues es mejor hacer los arreglos necesarios ahora que tener que hacer borrones y cuentas nuevas en algo tan sensible como la desmovilización de los grupos guerrilleros aún vigentes en las zonas más pobres de Colombia. Tiene razón el Presidente cuando argumenta que el país debe recomponer los acuerdos alcanzados en el gobierno anterior en puntos básicos para poder avanzar en una verdadera paz que comprometa a todos los colombianos y que esa tarea será el marco real para avanzar en la desmovilización de las crecientes disidencias de las Farc y de los activos miembros del ELN, grupos al margen de la ley que pueden sumar hasta 7.000 hombres según cifras del Ministerio de Defensa. El Congreso debe abordar el espinoso tema con grandeza y dotar al país de unas leyes que mejoren lo que se había firmado en función de las futuras generaciones y logre apartarse de la inmediatez y cortoplacismo con la que muchas actúan los políticos. Recomponer el marco legal de la Jurisdicción Especial para la Paz es un deber de todos los congresistas y del mismo Presidente quien oportunamente objetó lo firmado para mejorar las situaciones futuras; y si esta situación se entrelace con el Plan Nacional de Desarrollo que se discute desde la próxima semana tendremos que esta cabo de la primera legislatura es verdaderamente crucial para el país.

Las dos situaciones no se pueden dividir como si tuvieran vidas paralelas; si hay una ruptura en la reglamentación de los acuerdos y la llamada Justicia Especial con la idea de desarrollo económico que se apruebe para de aquí a 2022, se habrá fracasado; son dos realidades unidas. El país social al cual se quiere sacar de la pobreza tiene un gran lío con el orden público, los cultivos ilícitos y ha sido desde siempre un caldo de cultivo para generar grupos al margen de la ley; situación que debe romperse con presencia del Estado e inversión social. Y si a esta realidad, se le puede ayudar con un marco justo de negociaciones de paz, las cosas se empezarán a enderezar para bien de todos los colombianos. Así las cosas no se vean afines, las dos discusiones que se aprestan a dar en el Congreso tienen que mucho la una con la otra, e incluso una puede apoyar a la otra. Un buen Plan Nacional de Desarrollo que enfoque acertadamente los problemas nacionales, podrá ser el instrumento para que el marco legal de la cesación del conflicto interno pueda ser una realidad. Pero todo se puede hacer, si contamos un Congreso afinado con la realidad del país, y así estemos en elecciones regionales, discutirán y analizarán con grandeza la verdadera problemática nacional.