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EDITORIAL

El chantaje de un servicio público

martes, 5 de mayo de 2015
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Es un contrasentido usar la educación de los jóvenes para obtener dividendos laborales en un servicio público

La Federación Nacional de Educadores, Fecode, se equivoca cuando utiliza el arma del cese de actividades (que no es otra cosa que dejar sin educación a más de nueve millones de niños colombianos) para negociar alzas salariales individuales. Los profesores se olvidan de varias situaciones fundamentales en sus reivindicaciones sindicales: la primera es que, tal como ellos lo enarbolan, la educación es un servicio público en el que no deberían aceptarse más paros, pues todos dejan graves consecuencias para la sociedad. Los maestros deben diseñar otros medios de negociación de incrementos salariales que no destruyan, sino que construyan una Colombia mejor, por la misma naturaleza del sector. 

La segunda situación tiene que ver con las dimensiones en el ‘ser’ y en el ‘hacer’ de los educadores, pues son maestros con responsabilidades en los niños, y como tal, deben dar ejemplo de educación y conocimiento de la situación de la economía colombiana que con la caída de los precios del petróleo no tiene los recursos suficientes para pagarles todo su pliego de peticiones. Deben ser conscientes que el presupuesto nacional no es de caucho, que no estira como quieren los profesores sindicalizados. La tercera situación es no pueden escudarse en los niños para presionar al Gobierno e indirectamente poner a las mismas familias de su lado para que los apoyen en sus peticiones. Es un chantaje irresponsable. Los padres de familia más necesitados no saben qué hacer con sus hijos en sus hogares; muchos no tienen quién los cuide e irresponsablemente, los maestros intentan hacer que el paro se una con las vacaciones y seguramente negociar el pago por varias semanas sin trabajar.

Nuevamente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda se dejan medir el aceite y ya les propuso un incremento salarial de 12% cuando el alza para todos los colombianos hace cinco meses fue 4%. Ese dinero lo pagan todos los contribuyentes, y lo único claro es que las protestas no deben suspenderse con plata del presupuesto. Pueden tener razón en que los educadores necesitan una mejor remuneración, pero no todos, solo los que estén cualificados, los que pasen las evaluaciones de calidad o quienes verdaderamente sean profesionales en ese sector clave del desarrollo.

Los profesores tienen su arma secreta de negociación que son los niños vacantes en las casas, agentes inocentes del mal sistema educativo colombiano que no deben ser usados más como herramienta para subir los salarios. Todos los paros son desafortunados para la sociedad, pero más los que se solucionan con dinero público. Es el momento de declarar el paro ilegal e impedir que la educación de los niños sea una moneda de cambio laboral. 

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