Cualquiera no puede ser taxista

Las nuevas tecnologías están cambiando las sociedades, sus actores, roles y funciones, en todos los rincones del mundo generando el advenimiento de una cuarta revolución industrial montada sobre las novísimas posibilidades que brindan las telecomunicaciones e internet. En cualquier apartamento se puede montar un hotel por noches, semanas o meses; hay varios sitios en las redes sociales que prestan dinero; nuevas monedas o tipos de cambio crecen sin el respaldo material o institucional; el comercio digital ha permitido acceder a toda clase de bienes y servicios (legales e ilegales), y lo que ahora nos convoca, cualquiera puede convertirse en taxista solo con tener un vehículo y la licencia para conducir. Es una nueva realidad sobre la cual está fortaleciéndose una nueva generación de multinacionales que facilitan estos servicios en todos los países.

Se llaman Airbnb, Bitcoin, Amazon y Uber, solo para citar los ejemplos clásicos que están revolucionando la manera de cómo nos alojamos, pagamos, compramos y viajamos. Todas estas empresas tienen en común su universalidad y que han llevado la experiencia del consumidor a otro nivel, en donde cada peso que se paga vale el servicio que prestan por su atención, su costo beneficio y por haber avanzado en el dinero electrónico centralizado, en pocas palabras le han dicho adiós al efectivo, principio de la campante inseguridad que recorre el mundo subdesarrollado. Estas compañías han logrado una masa de consumidores que las defienden a capa y espada, generando problemas sociales y desórdenes urbanos, como el experimentado en varias ciudades de Colombia por los taxistas tradicionales quienes protestan por la competencia que les representa la llegada de particulares de la mano de Uber.

La Vicepresidencia y el Ministerio de Transporte intentaron sin mucho éxito reglamentar el uso de las plataformas tecnológicas en la movilidad urbana y crearon una categoría de servicios especiales para darle cabida a Uber y a sus competidores al tiempo que prohibieron los llamados Uber X, carros de particulares usados por cualquier persona para hacerle competencia a los taxis legales, generando desplazamiento de taxistas tradicionales, empleados por grandes empresas de transporte, hacia este servicio personal que hoy está sin Dios y sin ley. Cualquiera no puede convertirse en taxista de la noche a la mañana por el simple hecho de estar desempleado, jubilado o desear mayores ingresos, solo porque las nuevas tecnologías se lo permiten. Ser taxista es una profesión que está reglamentada en todo el mundo, paga impuestos, cubre cupos urbanos de acuerdo con las necesidades de las empresas, tiene pico y placa, y lo más determinante, es que son personas calificadas. Ahora bien, que en las grandes ciudades se preste un mal servicio, gocen de mal prestigio y le hayan dado cabida a muchos delincuentes que se esconden en una loable profesión, no quiere decir que se deba destruir una de las instituciones del mundo urbano. Los gobiernos locales, regionales y nacionales no deben dejar que sus municipios y departamentos se conviertan en el viejo oeste americano en donde mandaba el más violento. No cualquiera puede ser taxista, es un deber de los gobernantes ponerle coto a los Uber X emergentes, antes de que ocurra una guerra campal en un país que se está acostumbrado a hacer cumplir las leyes por la fuerza de las manifestaciones. Claro está que las empresas de taxis y los taxistas de verdadera profesión deben reinventarse para que los usuarios sean los primeros en respaldarlos. No es solo una cuestión de mercado y calidad del servicio, también es de institucionalidad.