Consulta previa y licencias ambientales

El gobierno nacional ha dado un paso fundamental en el camino de dotar al país de una mejor infraestructura: ha dicho que prepara una propuesta para que la licencia ambiental y la consulta previa puedan avanzar de manera paralela y autónoma, mientras la autoridad ambiental estudia los efectos de un proyecto. Era lo mínimo que se necesitaba en una sociedad enfocada en sacar a 15 millones de nacionales de la pobreza y en reducir las precariedades.

No se pueden eliminar las necesarias licencias ambientales, ni mucho menos desaparecer las consultas previas, pero es evidente que se deben hacer mucho más eficientes para que no torpedeen acueductos, carreteras, explotaciones agrarias o mineras. El país económico ya está maduro para ser sostenible y eficiente; no obstante, hay que quitarle a los colectivos de abogados los argumentos legales para hacer carruseles comunitarios que se oponen a beneficios sociales y licencias que se demoran una eternidad.

La idea es que mientras la autoridad ambiental adelanta el análisis para determinar los posibles impactos de una iniciativa, la entidad encargada de la consulta previa podría establecer de manera independiente si existe una afectación directa sobre una comunidad. Se trata de trabajar de manera simultánea en beneficio del país. La consulta previa deja de ser un requisito que impida iniciar, evaluar o decidir sobre un proyecto en específico; también se busca diferenciar las competencias y tiempos de trámites de ambos procesos y así evitar que uno quede supeditado al otro.

No se puede olvidar que la consulta previa es un derecho fundamental y colectivo, el cual se concreta por medio de un procedimiento, donde el Estado le garantiza a las comunidades étnicas la participación y el acceso a la información sobre los proyectos, obras o actividades que se pretenda realizar en su territorio, a través de la entidad encargada de liderar, dirigir y coordinar este proceso, que es la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Todo esto se debe respetar, pero no convertirse en un obstáculo para el desarrollo.

Es un gran avance separar los tiempos de la coexistencia entre las consultas y las licencias ambientales, pues juntas se convierten en un gran obstáculo para cualquier desarrollo en obras de infraestructura. El gran problema que ha tenido Colombia es que se autogeneró un auténtico cartel de licencias ambientales y consultas previas, conformado por líderes sociales y/o abogados itinerantes por todo el territorio nacional, quienes buscaban obras de infraestructura para trastear comunidades que exigían que se les consultase con una transaccional y inherente, la cual negociaban so pena de impedir también que a la obra se le otorgara una licencia ambiental.

Hay centenares de carreteras, especialmente vías terciarias, paradas porque las comunidades beneficiadas se oponen a ellas, pues un grupo de expertos legales les ha vendido las herramientas para sacarles partido. El siguiente paso que debería dar el gobierno es entregar en todas las grandes concesiones, estratégicas, las consultas previas subsanadas y las licencias otorgadas, de tal manera que los concesionarios puedan entregar las obras en los tiempos adecuados y no perder tiempo con los eternos trámites ante el mismo gobierno que les otorgó una concesión, una suerte de encrucijada que ha mantenido muchos departamentos en el ostracismo por falta de licencias expeditas y socialización positiva con las comunidades afectadas.