Congresistas, última palabra en impuestos

Hasta antes de este Gobierno Nacional se decía que en Colombia se hacía una reforma tributaria cada 14 meses, en promedio, dando muestras de la enorme inseguridad tributaria con la que tienen que lidiar las empresas que operan en el país; lo que a la postre es un punto a favor de esta administración, gracias a que el Congreso solo le ha aprobado una reforma tributaria que fue radicada durante la primera semana del Gobierno en agosto de 2022, liderada por el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y que superó con creces los $22 billones, la más alta en la historia reciente.

Luego vinieron dos o tres intentos de poner más impuestos, agazapados en adelanto de tributos, negociaciones con grandes contribuyentes, leyes de financiamiento y demás ajustes impositivos acostumbrados y enmarcados en el voluminoso estatuto tributario de casi 1.000 artículos, muchos de los cuales nunca reglamentados, y que como consecuencia, el país económico debe experimentar hay una auténtica colcha de retazos con los que se arma el sistema tributario colombiano, uno de los más retrógrados para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Ocde, y el que los últimos gobiernos no han podido arreglar con una prometida reforma tributaria estructural que parte de base cero y se deje establecida por una década.

A la luz del Índice de Competitividad Fiscal de 2024 de Tax Foundation, Colombia ocupa el último puesto entre los países de la Ocde, manteniendo su posición del año anterior. Este índice evalúa la efectividad de los sistemas fiscales en fomentar el crecimiento económico sin generar distorsiones.

Para nadie es un secreto que el Ministerio de Hacienda -y los venideros- enfrenta desafíos significativos debido a factores como la excesiva carga de renta corporativa que alcanza 35%, la más alta del “club de las buenas prácticas”, que en promedio es de 22%, y se acentúa cuando en el país se grava a los ingresos corporativos globales e impone impuestos a la riqueza y a las transacciones financieras. Además, cuenta con el tipo más alto del impuesto de sociedades, 35%. El IVA colombiano cubre 41% del consumo final, lo que revela lagunas tanto en las políticas como en su aplicación.

Todos los gobiernos de este siglo y los anteriores han vendido el cuento de arreglar el problema tributario, pero terminan cediendo ante centenares de lobistas que no dejan avanzar en sincerar los impuestos colombianos y diseñar para el país una estructura tributaria que brinde seguridad impositiva y jurídica en términos de tributos. Todo Ministro de Hacienda se inventa una misión de expertos, un comité de asesores y hasta importa de otros países ideas más de avanzada, pero nadie hasta ahora se ha dado el lapo de hacer de Colombia un país ordenado en términos tributarios.

Colombia no es un país atractivo ni competitivo en lo fiscal, incluso no se ha logrado que las regiones compitan entre sí en el terreno de la tributación departamental ni municipal, lo que es un anacronismo; ojalá ahora que se ha puesto sobre la mesa una nueva reforma tributaria se haga de cara al país contribuyente del futuro, sin resentimientos ni venganzas políticas, para que quienes pagan impuestos no sean nuevamente castigados hasta lograr secarlos, que no sea posible subsistir con tales cargas.

Queda la esperanza que los congresistas -senadores y representantes- responsables de poner o quitar impuestos se enfoquen en el recorte del Presupuesto y se olviden de más impuestos a los empleados formales y a las empresas, especialmente cuando es una administración caracterizada por la baja ejecución presupuestal.