Congresistas son responsables de más impuestos

El Gobierno Nacional puso sobre la mesa de discusión económica su segunda reforma tributaria en tres años con la que busca financiar el creciente déficit presupuestal y recoger $26,3 billones, especialmente revisando el IVA sobre aspectos que le pegan a la movilidad y el transporte de las personas, la venta u operación de juegos de suerte y azar, eliminando excepciones y acelerando procesos pactados en anteriores tributarias.

Los juegos de azar en línea solo pagarán $1,6 billones al tener que pagar IVA de 19%, situación extraña, pues año tras año habían pasado de agache tras muchas tributarias gracias al lobby en el Congreso. Esta segunda tributaria de Petro discutirá la estructura de precios de los combustibles líquidos; eliminará tratamientos tributarios preferenciales; busca que la tarifa del ingreso al productor en la venta de gasolina suba a 10% y en 2027 paguen la misma tasa que los otros sectores.

La tarifa del ingreso al productor en la venta de Acpm será de 10% entre 2026 y 2027 y a partir del 1° de enero de 2028 aplicará la tarifa general. El biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con Acpm estará gravado a la tarifa general. El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores será gravado con la tarifa general de impuestos. Con todos estos nuevos tributos -al sector de los combustibles y sus proveedores- se recaudarán entre $2,6 billones y $7,2 billones en los próximos dos años.

Entre las exenciones a eliminar están las que favorecían a los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior y utilizados en el territorio colombiano que no tenían IVA. La reforma cambiará la progresividad de las tarifas de renta, le pondrá más impuestos a los licores y ampliará los llamados impuestos saludables a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados.

Igualmente se tocarán los impuestos al consumo, al carbono y las ganancias ocasionales, también serán revisados gravámenes que pagaban conciertos y reuniones religiosas. Es una reforma tributaria tremendista para finalizar el Gobierno Nacional que en lugar de arreglar la tradicional colcha de retazos la perjudica demostrando que en Colombia no hay seguridad tributaria.

Si bien este Gobierno Nacional rompió con la tradición reciente de poner una tributaria en cada doce meses, sí ha sido mucho más ambicioso en los montos a recaudar, la primera que adelantó en 2022 fue de casi $20 billones y esta será por $26 billones, cifras enormes para ser pagadas por el mismo sector productivo que debe producir en un país sin condiciones de seguridad en términos de orden público y en materia de contribuciones al Estado.

En el Congreso no hay mucho ambiente para pasar la nueva reforma tributaria en este momento de bajo crecimiento económico, máxime cuando no se han aprobado los presupuestos para el último año de Gobierno. No obstante, el discurso de los congresistas siempre es a doble juego y se ponen varios sombreros de cara a la opinión pública; mucho son lobbistas de sectores económicos y regiones, otros alineados por el Gobierno, sus intereses electoreros, y otros mucho más responsables con el momento de la economía, seguramente estudiarán a fondo una tributaria muy inoportuna.

Hay que insistir en que la última palabra la tendrán los congresistas de las comisiones económicas que deberán tramitar los nuevos impuestos justo en medio de las campañas a las reelecciones parlamentarias para muchos senadores y representantes. No se trata del monto de impuestos, se trata de la financiación de un Presupuesto sin asignaciones específicas.