Cómo no perder nueve meses de gobierno sin plan

No es culpa del gobierno de Iván Duque que se hayan perdido nueve meses preparando el plan nacional de desarrollo, para que olímpicamente los senadores simplemente avalen lo que se discutió en la Cámara de Representantes; esa hoja de ruta que dirigirá las políticas públicas es una de esas deformidades que tienen fallas de origen y que en algún momento se deben arreglar.

Lo primero que hay que decir es que es urgente unificar el Presupuesto General de la Nación en cabeza del Ministerio de Hacienda, tal como se había propuesto inicialmente para mejorar la calidad del gasto público; un artículo muy importante, el 35, que fue descabezado por la voracidad de los congresistas. Es simple: el Departamento Nacional de Planeación debe concentrarse en hacer un “plan de planes” a largo plazo, evaluar las políticas públicas y hacerle seguimiento a los proyectos de inversión, mientras que la cartera de Hacienda debe cuidar los recursos, pues claramente no puede haber dos entidades girando recursos públicos, tal como sucede en este momento, costumbre que durará otros cuatro años hasta que haya un Congreso más técnico, más responsable y consciente de los arreglos que debe tener la discusión del plan de desarrollo.

Aprobado el plan de desarrollo para los próximo tres años, no podemos olvidar la carta de los exdirectores de Planeación que solicitaron quitar ese artículo porque implicaba un cambio estructural en la institucionalidad presupuestal que existe en el país desde 1968. La idea en ese momento era buena, pues se intentaba aislar la inversión pública de los ciclos políticos y de paso evitar que inversiones de largo plazo se vieran afectadas por decisiones políticas y electorales; eran curiosamente los tiempos del Frente Nacional, tiempos en que todo estaba más arreglado en lo político, pero que incubó la corrupción que hoy nos carcome. Desde ese entonces, la inversión se le dejó a Planeación porque era una entidad del tipo del Banco de la República de nuestros días, pero las cosas cambiaron con los años para mal.

Desde la nueva Constitución del 91, el plan de desarrollo perdió su carisma de “plan del Ejecutivo” y ahora se le entregó al Congreso en una mezcla inconveniente de favores políticos con asignaciones presupuestales. Pasó a ser una ley más que ordinaria radicada en los primeros 100 días de gobierno, discutida y aprobada en el Congreso haciéndole el juego a la sonadas “mermelada”. Este año ya no se pudo cambiar esta formalidad legal de que la hoja del ruta sea discutida por el Congreso y se someta a sus intereses particulares de los políticos, quienes no desaprovechan ninguna oportunidad para negociar beneficios para sus regiones. Pero le hicieron perder mucho tiempo a un gobierno que tiene grandes retos por delante. Es cierto que si el Congreso no aprobaba el plan de desarrollo, el Gobierno simplemente decretaba el articulado que inicialmente había propuesto, quizá eso hubiese sido mucho mejor que perder valiosos meses de arranque que le amputaron mucha iniciativa al Ejecutivo. Hay que acabar con que el plan de desarrollo de un gobierno tenga que pasar por el Congreso dando oportunidad de negociaciones leoninas; hay que recuperar que el plan sea la verdadera hoja de ruta para cuatro años y que pueda implementarse antes de los 100 días de gobierno.