Colombia en la era del “follow the money”

Sobre la caída del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en 1972, hay una docena de películas basadas en el crucial episodio de la historia política americana, pero ninguna supera al libro escrito por los verdaderos protagonistas de la trama: Carl Bernstein y Bob Woodward, quienes en su texto “Todos los hombres del Presidente”, (Dos Fronteras, 1974), cuentan con lujo de detalles y todas las señales, de cómo el dinero corrompe el poder político, tema que fue llevado al cine con el eje central en los dos periodistas que investigaron el escándalo del “Water Gate” en The Washington Post, protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, quienes al final opacan a los reporteros, verdaderos protagonistas del episodio; pero ese no es el tema.

El punto va en que de la película se desprende un mantra popular entre los periodistas que dicta “follow the money”, el clásico mandato de siga el dinero para desenredar situaciones y encontrar los responsables de los delitos. La conclusión es que hay que seguir las transferencias de dinero para denunciar la corrupción, una tarea que es fácil de enunciarla, pero bien difícil de aplicarla, mucho más después de los saltos tecnológicos que facilitan las operaciones financieras transnacionales y que han popularizado las criptomonedas y las monedas digitales.

En esencia, el paso del dinero de una mano a otra, o de un bolsillo a otro, deja una huella que permite hacer trazabilidad, ejercicio que sólo pueden hacer las autoridades competentes con órdenes judiciales que pueden llegar a los paraísos fiscales, por ejemplo.

El país político y económico enfrenta la situación del Presidente y el Ministro del Interior, quienes han sido incluidos en la llamada Lista Clinton, o en la base de datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales contra países, grupos y personas que representan una amenaza para la seguridad estadounidense, como terroristas o narcotraficantes, son sanciones que incluyen bloqueo de bienes, embargos comerciales y hasta la muerte financiera de los implicados. Es una situación grave para el país, para el primer líder nacional y sus funcionarios, dado que los ocupará en temas reputacionales y de defensa a sus finanzas, al tiempo que abre un episodio inédito en el país.

La situación se agrava porque el Gobierno nacional en este momento no cuenta con un director en propiedad de la Dian, ni de la Unidad de Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, oficina adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de seguir el dinero de los colombianos. Sin funcionarios idóneos en la Dian que cobra impuestos y en la Uiaf que debe prevenir, detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en alianza con las autoridades competentes de otros países, la coyuntura es especialmente complicada e incierta.

La cooperación interinstitucional a nivel nacional e internacional de la Dian y la Uiaf son determinantes para seguir el dinero que no solo es el móvil de la delincuencia local, sino el objeto más deseado de la corrupción. La pelota está en la cancha del Ministerio de Hacienda que deben buscar las personas más formadas para enviar una buena señal a la opinión pública.