Blindar a EPM llevándola a la Bolsa de Valores

Hace algunas décadas en Medellín existía la costumbre de regalar acciones de las emblemáticas empresas paisas, era normal que al nacimiento, primera comunión, grado de bachiller o de universidad, padres y abuelos les regalaran a sus familiares papeles valores de las industrias de telas, alimentos o mineras. Costumbre sobre la que se edificó el apego por sus emprendimientos que ha hecho de Antioquia un ejemplo de desarrollo que le aporta más de 13% al PIB nacional.

Las Empresas Públicas de Medellín crecen desde hace 66 años en medio de ese contexto, preservando un bien de la Alcaldía de Medellín que coloquialmente “rentabilizó los aguaceros” y supo convertirse no solo en una multilatina, sino en una compañía clave para el sector energético regional, al tiempo que consiguió un socio estratégico para las telecomunicaciones, formando Tigo-UNE. Todos los alcaldes desde ese entonces, han sido estrictos en la observancia de la norma tácita de preservar el camino que dicta la alta gerencia de la compañía, hasta la llegada del alcalde, Daniel Quintero, que ha desafiado al establecimiento y al status quo tradicional de la capital antioqueña y ha puesto en jaque el futuro de EPM.

Hay una diferencia en el argot financiero de Estados Unidos y Colombia cuando se habla de empresas públicas. En Wall Street se denomina corporaciones públicas a las compañías que cotizan en la bolsa de valores porque prestan un servicio público o venden un producto masivo; mientras que acá se llaman públicas a las que tienen participación estatal. Ecopetrol e ISA, solo para citar dos ejemplos, son empresas públicas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y tienen ADR, acciones en el mercado secundario estadounidense, que les obliga a ser muy estrictas en sus decisiones, informaciones relevantes y empoderamiento de sus gobiernos corporativos. Cualquier asomo de intervención de los gobiernos locales o nacionales en estas empresas repercute en la cotización de las acciones y en la calificación de su riesgo crediticio. No sucede esto con EPM, pues es una empresa de gobierno corporativo puramente local a la merced del alcalde de turno que financia sus obras de transformación con las transferencias que le hace EPM a la administración, que a su vez preside la Junta Directiva y toma decisiones. Una práctica que está proscrita para los gobiernos de la Ocde.

Recordemos que el “club de las buenas prácticas” le ordenó a Colombia sacar a los ministros y funcionarios de las juntas para evitar “relaciones incestuosas” que afectaran la libre competencia en sus mercados.

Quizá la polémica desatada por Quintero le sirva al Concejo de Medellín y a las fuerzas vivas de la ciudad para analizar la viabilidad -no por necesidad de crédito- de llevar a EPM a la Bolsa de Valores e incluso a emitir ADR para entronizar verdaderos gobiernos corporativos de talla mundial; no como los de ahora que los nombra el alcalde de turno. Una empresa va a la Bolsa cuando necesita dinero o para dividir sus negocios, en este caso sería para solidificar un verdadero gobierno corporativo que trascienda a los alcaldes y blinde esta maravillosa empresa, de tal manera que los propios medellinenses o cualquier inversor del mundo compre o venda sus acciones.

Obviamente, todos los políticos se van a oponer porque es quitarles la “gallina de los huevos de oro”. Es una jugada para hacer pública la empresa, sacarla del juego político y de los vaivenes de las elecciones.