Asustar empresarios como política

Más allá de asustar a los empresarios -quienes invierten y generan empleos formales en el país- como política pública, el daño de los gobiernos populistas se configura cuando se gradúa al sector productivo como enemigo público, con el objetivo de fortalecer un Estado ineficiente y capturado por la corrupción.

Más o menos eso se puede inferir de las conclusiones del Índice Global de Complejidad Corporativa 2026, elaborado por TMF Group, en el que se revela que las cargas regulatorias, los cambios legislativos frecuentes y las exigencias digitales continúan marcando el ritmo de las compañías que buscan operar más allá de sus fronteras, y que esta tendencia no muestra señales de revertirse en el corto plazo. Colombia ocupó la sexta posición del listado global, regresando a este nivel tras cuatro años de estar en el puesto quinto, entre 2022 y 2025.

Ahora es el tercero en una región muy complicada para los inversionistas extranjeros, y en la que brillan cinco entre los diez países más complejos del mundo para los negocios. Y eso se entiende luego de la desgranada salida de administraciones de izquierda caracterizadas por el ataque al sector privado como política pública, no solo con altas cargas tributarias, sino con el deterioro del orden público, un contexto ideal para hacer crecer el asesinato, el secuestro y la extorsión, flagelos que pululan en las capitales y en las poblaciones sin que las autoridades puedan hacer nada.

El informe dice que la principal razón es la dificultad que enfrentan las empresas extranjeras para operar dentro del país. Temas como la actualización constante de las normas sobre IVA, las cargas tributarias y las políticas orientadas a personas con altos patrimonios dificultan que Colombia logre una mejor posición en el ranking. Poco a poco se observa cómo la planeación empresarial es una asignatura perdida por la discrecionalidad de las autoridades, no solo tributarias sino normativas: se cambian las reglas con mucha facilidad y se trata a las empresas como “gallinas de huevos de oro” para los políticos populistas.

Los requisitos administrativos cambiantes y la exigencia de presencia física para trámites que en otros países ya pueden realizarse de manera digital también se cuelan como fallas estructurales para hacer inversiones y nuevos negocios. Colombia, en los últimos cuatro o cinco años, se ha convertido en un escenario de pugnacidad en contra de las empresas y de hacer negocios. Los jóvenes emprendedores y los emprendimientos con cierto éxito demostrado deben radicarse en países más amables y prósperos con la iniciativa privada.

La alta carga tributaria, sumada a la desbordada inseguridad, está marcando el clima empresarial en Colombia, un mercado que no deja de ser interesante por su tamaño y sus riquezas naturales, pero signado por gobiernos que no dejan de ver al sector productivo como enemigo y al sector público como una oportunidad de saqueo. La corrupción no solo se debe medir por los escándalos de los funcionarios, sino por su ineficiencia en la asignación de los recursos públicos; no solo se trata de robarse el erario: estamos hablando del despilfarro producto de ineficiencias y poca gestión.

Ahora que el país se enfrenta a un debate presidencial, debe poner los temas trascendentales en la agenda, antes de que el país se quede sin empresas privadas y todo tenga que depender del Estado. Debe mejorarse el ambiente para hacer negocios y construir empresas.