Antídoto contra corruptos

Es un hecho que los escándalos de las empresas constructoras, Conalvías y Odebrecht, frenaron la única locomotora del desarrollo económico que había puesto a andar este Gobierno desde sus primeros cuatro años y que mejoró en el presente cuatrenio, 2014-2018, hasta que la corrupción la devolvió a la terminal de salida; quieta, sin moverse y con graves problemas de arreglos, presiones y componendas entre miembros del Ejecutivo, algunos parlamentarios y varios empresarios. No hay ninguna duda de que a la construcción la tiene frenada la corrupción pública y privada.

Y no es solo un problema de las grandes obras en las que intervenían multinacionales de la talla de Odebrecht, a lo largo y ancho del país en casi todos los 1.300 municipios y 32 departamentos hay cientos de denuncias sobre “odebrecitos” que nunca llegan a verse en grandes titulares, pues sus robos al erario público consisten en pequeñas contrataciones que nunca verán un titular de primeras páginas por sus cuantías, pero que no dejan de ser robos.

El modus operandi de estos actos delictivos mediante los cuales se roba a todos los colombianos y se le niega a las nuevas generaciones la posibilidad de ver grandes obras, consiste en hacer licitaciones y contrataciones amañadas, con una redacción que privilegia a un solo oferente, de tal manera que no tenga competencia; es decir contrataciones hechas a la medida para que los amigos de los gobernantes no tengan pierde ni competencia. La forma de robarse las obras se ha sofisticado mucho, al punto de que hay expertos en ganarse licitaciones o contrataciones públicas a la medida, con nombre propio, para luego venderlas a quienes se atrevieron a competirles. Por esta razón no importa que los gobiernos destinen millonarios recursos a obras de infraestructura si todo está armado o predispuesto para robarse ese dinero público.

Cuando se mira la contratación nacional consolidada, ocho de cada 10 obras terminan con un solo oferente; en los municipios 96% de los procesos también termina con un solo oferente. El panorama no es distinto en los departamentos, en donde 76% de los procesos concluye en las mismas: un solo oferente. Esta es una de las grandes pruebas de que hay mucho dinero para obras públicas que no se ve porque el grueso se va a manos de la corrupción en las contrataciones. Una de las soluciones en la mano se ha discutido en el Congreso de la República bajo el rótulo de los pliegos tipo, que no es una cosa distinta que elaborar una redacción uniforme, clara, unificada o estandarizada de los requisitos habilitantes en todos los aspectos objetivos y generales del proceso de selección para consultoría y obra pública de infraestructura de transporte para todas las firmas que quieran contratar. Simplemente es hablar el mismo idioma: presentación de la oferta; plazos y etapas; requisitos habilitantes, términos y alcances.

Si el país avanza hacia los pliegos tipo, al mismo tiempo habrá diseñado un mecanismo para combatir la corrupción en la contratación; protegerá la actuación de los funcionarios; adoptará buenas prácticas internacionales avaladas por la banca multilateral, pero, ante todo, será un antídoto contra los corruptos. Claro que hay que seguir estas adaptaciones con lupa, pues hecha la norma hecha la trampa y siempre habrá rendijas por donde se cuelen los delincuentes.