Al Gobierno le debe descalificar las calificadoras

Hace un mes, el codirector del Banco de la República, César Giraldo (quien representa las ideas del Presidente en el Emisor, a juzgar por sus posiciones en la Junta), escribió un ensayo titulado “Las firmas calificadoras de riesgo disciplinan a los gobiernos”, en el que hacía un recorrido por los roles y las funciones en la economía de las firmas calificadoras de riesgo y concluía que estas (Moody’s, S&P y Fitch) tienen un “poder estructural: la capacidad de ciertos actores no simplemente para influir en decisiones, sino para moldear las reglas, los incentivos y el marco dentro del cual otros actores toman decisiones” (Strange, 1988).

Dicho poder estructural se ejerce cuando un actor determina las condiciones bajo las cuales otros deben operar. En el sistema financiero internacional, este poder no reside exclusivamente en los Estados, sino también en los mercados y en las instituciones privadas que articulan esos mercados. Las agencias calificadoras encarnan una forma particular de ese poder: no imponen decisiones, pero configuran los costos de las decisiones.

Dicho de otra manera, la influencia de Moody’s, S&P y Fitch no es coercitiva en sentido jurídico, sino disciplinaria en sentido estructural. No obligan a un gobierno a modificar su política fiscal; sin embargo, pueden alterar las condiciones de financiamiento de tal manera que el margen de acción se estrecha drásticamente. La disciplina no proviene de una orden directa, sino de la reacción anticipada de los mercados frente a una evaluación negativa.

Lo importante de su escrito está en la advertencia de que las calificadoras no crean los desequilibrios fiscales ni las burbujas financieras, pero pueden amplificarlos al sincronizarse con el ciclo y activar cláusulas regulatorias automáticas. Dice Giraldo que “su poder no es formalmente político en el sentido de mandato democrático, pero ejercen un poder político con efectos macroeconómicos y distributivos”. Dicho de otra manera: pelear o cuestionar a las calificadoras de riesgo es un acto “pendejo” que busca revertir notas negativas que encarecen la deuda y ahuyentan la inversión; lo inteligente es reparar las acciones que bajan las notas y drenan la credibilidad de los gobiernos. No se puede olvidar que las calificadoras emiten sus opiniones con base en la información suministrada por sus clientes.

El Gobierno, en lugar de descalificar a las calificadoras, debe enfocarse en mejorar los desbalances fiscales que aquejan a la administración central. Es muy preocupante que Standard & Poor’s haya rebajado la calificación crediticia de Colombia a BB- con perspectiva estable, lo que deja al país a un solo punto de caer en la categoría de país “altamente especulativo”, y se suma a la decisión de Fitch Ratings en diciembre, cuando bajó la nota del país de BB+ a BB, también con perspectiva estable, por “elevados y persistentes déficits fiscales”. Al Presidente que llegue a la Casa de Nariño en agosto próximo le corresponde recuperar el grado de inversión perdido durante el gobierno de Iván Duque (pandemia) y arreglar el enorme deterioro que la economía ha sufrido durante la administración Petro.

Lo más importante que debe planear el próximo presidente es no gastar más de lo que le ingresa, ahorrar en funcionamiento, adoptar nuevas tecnologías para equilibrar el déficit y enfocarse en renegociar la alta deuda externa que dejará el mandato de turno.