Ahora se viene la financiación del presupuesto

Pensemos en que Colombia es una gran familia de 20 millones de hogares que decide, para el próximo año, tener un presupuesto de $635 billones para todos sus gastos e inversiones. Esta cifra servirá para poner en orden algunas cuentas, renegociar créditos previamente contraídos, pagar compromisos adquiridos y destinar una parte de los excedentes a invertir en necesidades básicas insatisfechas. Grosso modo, eso fue lo que acordaron el Congreso y el Gobierno el último día del límite legal. Sin embargo, existe un gran problema: estos mismos actores no se han puesto de acuerdo sobre cómo van a financiar tan billonario presupuesto.

Ante esto, la administración central seguramente acudirá a un crédito más barato con el FMI, el cual impondrá compromisos que el país deberá cumplir, bajo el riesgo de una hecatombe financiera si se incumplen. La misión del FMI llegará la primera semana de noviembre para sentarse con el Ministerio de Hacienda, la Vicepresidencia y algunas empresas estatales, con el fin de analizar la viabilidad de emprender un programa que aplique las recetas de esta banca multilateral. Así como los congresistas fueron relativamente eficientes para aprobar el billonario presupuesto, ahora deberán aprobar una ley de ajuste, una ley de financiamiento o, simplemente, una nueva reforma tributaria para pagar los compromisos ya adquiridos por una ley de la República.

La idea de acudir a uno de los programas de financiamiento del FMI es la adecuada en este momento, dado que el gobierno anterior simplemente aplazó la regla fiscal que comprometía a la administración de turno a cumplir ciertos niveles de déficit fiscal acordes al presupuesto, la deuda, las inversiones y los compromisos sociales de reducir las precariedades. Con contundencia se puede afirmar que «solos no pudimos», porque quien tenía que velar por la seriedad del manejo presupuestal evadió las obligaciones; ahora se debe acudir a una entidad superior que no solo vigile, sino que haga cumplir las promesas de estabilizar la economía.

Fue un gran paso del gobierno de turno lograr la aprobación del presupuesto y no caer en una dictadura fiscal anárquica; no obstante, es primordial que el trámite de la ley de ajuste sea igual de eficiente y adquiera el compromiso de la inmensa mayoría de los congresistas. No se puede descartar que el ajuste fiscal, derivado de un programa con el FMI, también incluya la venta de algunos activos estatales -como Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) o la enajenación de entidades financieras del Grupo Bicentenario-. También están en el portafolio de acciones la imperativa reducción del tamaño del Estado, la fusión de ministerios, la eliminación de entidades ineficientes y la venta de casas, fábricas, fincas, bodegas o lotes hoy depositados en la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Este conjunto de medidas solo se ejecutará si el FMI lo aconseja y si el Congreso de la República es lo suficientemente diligente para hacer que se cumplan. El camino de la receta del FMI es el único, rápido y fiable para recuperar el grado de inversión, un estado macroeconómico necesario para atraer la verdadera inversión externa que las condiciones geográficas del país prometen. Las firmas calificadoras de riesgo serán las primeras en revisar el grado de inversión si se pone en marcha un programa con el Fondo.

Si este camino no logra arrancar, el futuro económico del país estará gravemente comprometido; una situación que, si se suma al grave deterioro del orden público, hará que Colombia se enrute hacia el listado de los países no viables.