La caída de la demanda y por tanto de los precios internacionales de los productos minero - energéticos se expresa, en el caso colombiano, a través de la disminución de las exportaciones. Dicho fenómeno obliga, nuevamente, a dirigir la mirada hacia los productos diferentes a los denominados commodities y las acciones requeridas para lograr un rápido y sostenido crecimiento de las ventas externas de estos bienes. En los últimos tiempos se ha hecho evidente el atraso que presenta el país en su infraestructura, particularmente la referida a transporte, y los efectos negativos que en materia de sobrecostos tiene dicha realidad sobre la competitividad de las exportaciones del país.
Es de esperar que las decisiones que se están tomando a este respecto, por parte del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, finalmente nos lleven a contar con unas vías que con especificaciones modernas conecten el centro del país con los principales puertos. A este respecto, tal vez, la mayor preocupación está referida a los tiempos que tomaran estos desarrollos, dada la incertidumbre que en este campo se genera por lo azaroso y dilatado del proceso de obtención de las licencias ambientales y las consultas con las comunidades.
La mayor preocupación ahora, sin embargo, está referida a la política gubernamental para facilitar y promover las exportaciones de los productos no tradicionales. Particularmente preocupa el desmantelamiento de los instrumentos de facilitación o apoyo a las exportaciones que se ha presentado en los últimos meses, o los que se anuncian que ocurrirán próximamente. Específicamente, se trata del recorte de instrumentos como las Comercializadoras Internacionales, C.I.; el Plan Vallejo, los Usuarios Aduaneros Permanentes - UAP, las empresas Altamente Exportadoras - ALTEX y el régimen de las Zonas Francas.
En opinión del Gobierno Nacional estos instrumentos han sido utilizados para la realización de actividades ilegales, como exportaciones ficticias, solicitudes de devolución de impuestos improcedentes, contrabando u operaciones de lavado de activos, y por ello deben ser eliminados o restringidos de tal manera que los hacen inoperantes. Tal proceder del Gobierno Nacional solo hace evidente la incapacidad estatal para controlar efectivamente las operaciones de comercio exterior. Pero igualmente pone en total desventaja a nuestro país frente a los competidores que, todos ellos, cuentan con mecanismos similares de apoyo y facilitación del comercio.
Definitivamente, en esta materia, el Gobierno tomó el camino más fácil, eliminar en la práctica los instrumentos de facilitación y apoyo al comercio, sin detenerse a analizar cuáles deberían ser los correctivos a adoptar para evitar que ellos fueran utilizados por el comercio ilegal o hacia a donde deberían migrar para que, cumpliendo su objetivo de apoyar el comercio legal, se minimicen los riesgos.
Definitivamente, si Colombia quiere crecer sus exportaciones debe diseñar un nuevo instrumental de apoyo y facilitación al comercio exterior que evite que nuestros usuarios del comercio exterior, tanto exportadores como importadores, estén en desventaja frente a sus competidores.
Para empezar, podríamos analizar los instrumentos que poseen países con los que hemos firmado TLC, Estados Unidos en primer lugar.
