¿Y LA REFORMA TRIBUTARIA?

Si bien es cierto que el país no se puede paralizar mientras se negocia la paz, y entendemos que ese ha sido precisamente el mensaje del Presidente Santos frente a toda la actividad del aparato estatal, no es menos cierto que tampoco sería lógico avanzar en una infinidad de reformas que posteriormente tendrían que ser modificadas para permitir la inclusión de nuevos sectores, ya sea como ponentes o como beneficiarios de dichas reformas.

En ese limbo estaría cayendo la reforma tributaria estructural, la cuál es lógicamente la expresión de una filosofía de Estado y la forma en la cual se concretan políticas fiscales para promover o desincentivar sectores específicos dentro de la economía. Asumo que alguna posición habrá de tener la guerrilla en torno a la estructura tributaria actual o que en el evento de ser exitosos en negociar la paz habría que reconsiderar por completo los sectores que hoy son beneficiados con alguna exención para alinear dichos incentivos con una política de pleno empleo.

Si no se garantiza el empleo de quienes hoy en día se encuentran militando en la guerrilla, el proceso tendrá un desenlace similar a la desmovilización de los grupos paramilitares. A pesar del reconocimiento que merece el expresidente Uribe al haber impulsado dicha desmovilización, es evidente que el proceso fallo en promover condiciones de empleo dignas y duraderas para los desmovilizados, los cuales ante ese vació retornaron mucho más rápido a la actividad criminal. En consecuencia, tienen mucho sentido las declaraciones del ministro Cárdenas al considerar que la anunciada reforma tributaria se podría efectuar paulatinamente, en lugar de considerar una sola reforma integral como se había visualizado en un principio.

Ojala que las palabras del ministro se concreten en la presentación de una reforma a comienzos del 2013, aunque la misma sea breve en su contenido, para brindar claridad sobre ciertas normas que hoy en día no otorgan la seguridad jurídica requerida por los contribuyentes, así como cerrarle el paso en forma definitiva a ciertas prácticas de evasión tributaria con lo cual evitaríamos caer en el error de siempre al inclinar el peso de las nuevas reformas sobre aquellos ciudadanos que ya vienen cumpliendo con sus obligaciones.

En el largo plazo un aspecto que cambia radicalmente es que a diferencia de lo que había manifestado en su momento el exministro Echeverry, en cuanto a que el Gobierno no necesitaba impulsar una reforma para buscar recursos adicionales, bajo un escenario de paz es evidente que se tendrán que buscar recursos para financiar la reinserción de los grupos armados y para sustentar las exenciones o incentivos que tendrían que crearse en torno a la generación de nuevos empleos.

Entre dichas modificaciones se tendría que considerar necesariamente el desmonte de las cargas parafiscales asociadas a la nómina, punto en el cual prácticamente todos los expertos coinciden en sostener la ineficiencia que dicho sistema ha tenido, contribuyendo a la informalidad laboral y a desincentivar la generación de nuevos empleos.

Por último, aunque espero que no sea así, no podemos descartar que la financiación de la paz pudiese alterar el tan anhelado desmonte del impuesto a las transacciones financieras (GMF) previsto en la ley 1430 de 2010, caso en el cual esperaría que por lo menos se introduzcan modificaciones sustanciales en el marco actual para permitir la deducibilidad plena del impuesto y que se consideren nuevas exenciones para hacer menos ineficiente su aplicación.