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Con base en un extenso documento recopilado por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros -SAI- en el cual se trata de dilucidar algunos aspectos sobre el Túnel Aburrá-Oriente, estimo oportuno retomar algunos argumentos de este.
La licencia para el túnel dependía tanto de Corantioquia como de Cornare por cruzar este zonas asignadas a dichas entidades ambientales. El Ministerio del Medio Ambiente dirimió este conflicto de competencias en favor de Cornare. Luego, la entidad competente para licenciar el túnel era Cornare y no el Ministerio, porque por fallo de la Corte Constitucional, no puede el Ministerio asumir la competencia para evaluar los impactos ambientales en proyectos de interés regional; lo es solamente para los de impacto nacional.
El ministro Frank Pearl dijo que Cornare no le brindó la información necesaria, ya que un CD que contenía estudios de impacto ambiental y cartografía no les abrió. Suponiendo que esto fuera cierto, este lío se habría superado por medio de una simple llamada telefónica, para evitar tanto los pánicos económicos ocasionados a las aseguradoras, bancos, contratistas? así como las dificultades para el propio presidente Santos con uno de sus mayores grupos de electores.
No olvidemos que es este un proyecto de $900.000 millones, financiado el 90% por el concesionario, 8% por el Departamento y 12% por valorización y está apoyado por cerca del 90% de las personas de la región. El área del Valle de Aburrá abarca 15.000 congestionadas hectáreas y el Oriente de Medellín ofrece 60.000 hectáreas medio aprovechadas.
Se ha dicho que el proceso se realizó a espaldas del Municipio de Medellín. Actas debidamente firmadas en septiembre de 2009 demuestran lo contrario. El actual Gobernador de Antioquia parece estar también de espaldas al proyecto. ¿Por celos políticos?
Se argumentan efectos devastadores derivados de la construcción del túnel sobre las aguas superficiales y subterráneas en el corredor Bocaná-Sajonia. Se afirma que afectará el abastecimiento del agua de Medellín, Envigado, Guarne, Rionegro y, en especial, 17 veredas de Santa Elena. Afirmaciones todas absolutamente falsas.
Como es sabido, el proyecto mide 14,5 kilómetros y el túnel 8,2 kilómetros, excavados en su mayor parte a más de 300 metros bajo la superficie en rocas cristalinas poco permeables, en las cuales se han identificado solamente cinco zonas de falla cuya longitud acumulada es de exiguos 100 metros. Tan solo un kilómetro cruza el túnel bajo la Reserva del río Nare.
En el caso de que se perforara el túnel sin ningún tipo de revestimiento, se infiltrarían por su apertura menos de 200 litros por segundo. Pero tras el sellamiento verterán por el túnel entre 40 y 100 litros por segundo, dependiendo de la longitud del mismo que no se recubra.
Todo el sector cruzado por el corredor de la obra posee 143 manantiales cuyo caudal medio se aproxima a los modestos 2.000 litros por segundo, de los cuales 600 corresponden a la quebrada Santa Elena.
En consecuencia, se reducirá a en 5%, -los 100 litros por segundo- el caudal de las aguas superficiales de todo el sector afectado.
La quebrada de Santa Elena le aporta 100 litros por segundo, agua potable para 2.000 viviendas, a una plantica conservada por EPM por razones románticas, ya que fue la primera, quizá, de la ciudad. Y decimos por razones románticas porque contribuye esta con cerca del 1% del agua potable de Medellín y sus vecinos.
Los argumentos de una sociedad civil llamada Montevivo sobre una reservita forestal existente en la zona, encajan perfectamente con quienes desean poner al hombre al servicio de la naturaleza y no al contrario, sin destruirla.
En 75 años se han construido en Antioquia 140 kilómetros de túneles, 27 de ellos vehiculares, y el resto para obras hidráulicas, con efectos ambientales mínimos y beneficios económicos gigantescos para la región y para el país. No existen razones para dudar de la competencia de nuestros ingenieros.
