¿Qué hacer con los paraísos fiscales?

En un reciente foro promovido por este diario se discutió el alcance de lo que sería la reforma tributaria estructural promovida por el Gobierno Nacional.

Ya no queda duda de que la reforma es necesaria. La caída de los ingresos fiscales por el colapso en los precios de los commodities energéticos es mayor de lo pensado originalmente y el ciclo no tiene cara de reversarse en el corto plazo. 

Seguramente vendrán toda clase de propuestas; algunas novedosas, unas no tanto y otras políticamente imposibles. Por ejemplo, subir el IVA a 18% y ampliar la base, una favorita de los gremios, tiene todo el sentido fiscal del mundo pero toda la inviabilidad política posible. O gravar las pensiones y, aquí va una novedosa, gravar con una tarifa expropiatoria los fallos leoninos contra el Estado. 

En fin, habrá de todo como en botica.

Sin embargo, deberá tocarse un tema que para muchos resulta incómodo pero es esencial, si se quiere abordar seriamente el tema fiscal. Se trata de las normas relacionadas con transacciones internacionales, particularmente las que tienen que ver con los paraísos fiscales. 

El anterior director de impuestos, Juan Ricardo Ortega, estimaba que el stock de capital controlado por colombianos en el exterior, la mayoría escondido en jurisdicciones ‘off shore’, era de unos US$70.000 millones. Ciertamente una cifra astronómica si consideramos que el tamaño actual de nuestra economía es de aproximadamente US$345.000 millones, lo que quiere decir que cerca de 20% está cómodamente parqueado en los paraísos fiscales. El mismo Ortega estimaba que esto le costaba al Estado colombiano unos $4 billones en impuestos dejados de pagar, una suma que equivale a 40% de las utilidades de Ecopetrol de este año. 

A decir verdad, este problema no es exclusivo de un país como el nuestro, con una arraigada cultura de ilegalidad. El uso y abuso de los paraísos fiscales es un problema mundial. La revista The Economist estima que hay por lo menos US$20 billones escondidos en estas jurisdicciones y millones de entes corporativos de papel que se utilizan por los ricos del mundo, desde compañías multinacionales hasta mafiosos rusos, para evadir impuestos.

Lo que empezó siendo un mecanismo para evitar la doble tributación, de quienes estaban domiciliados en un país y tenían actividades económicas en otro, acabó siendo un mecanismo para obtener la doble no tributación. Por cuenta de los paraísos fiscales y de la “planeación fiscal agresiva”, las grandes compañías del mundo ya no pagan impuestos en ninguna parte, o por lo menos no todos los impuestos que deberían en alguna parte. 

El sistema actual hizo agua en 2008 con la crisis financiera y obligó a los países a mirar seriamente el problema de evasión y de erosión de bases fiscales. El primero en actuar fue Estados Unidos con la ley Fatca, que obligaba al intercambio automático de información sobre las actividades financieras de sus ciudadanos sin importar el lugar de residencia.

En un principio la iniciativa gringa fue vista como otro típico exceso imperial pero pronto fue abrazada por la Comunidad Europea y de allí se trasladó al Foro Global de la Ocde. En 2017 se tendrá por fin un standard común de reporte (CRS), algo así como una versión global de Fatca, para intercambiar información fiscal entre todas las jurisdicciones con relevancia financiera en el mundo. Colombia será uno de los pioneros.

Por eso es que, para seguir avanzando en este tema, la reforma tributaria estructural debe asegurar financiación para la reestructuración de la Dian, actualmente estancada, paradójicamente, por el ajuste fiscal. Se requiere de un órgano en la entidad que tenga la capacidad técnica para meterle el acelerador a la cooperación internacional, algo que se viene haciendo de manera pionera por unos valientes funcionarios que hasta ahora han tenido que trabajar con las uñas. 

Con solamente traer un par de billonsitos de estos guardados en Panamá y en los otros paraísos fiscales, libramos cualquier inversión.