Muchas son las críticas por la falta de resultados en cuestiones de infraestructura en el país, a las que se sumó hace unos meses la contralora Sandra Morelli, aludiendo la falta de ejecución por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- para que esta locomotora arranque. Es urgente que el país supere sus bajos índices de competitividad, ya que según el informe global publicado por el Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el puesto 126 en calidad de vías y el puesto 69 en competitividad de 144 economías mundiales.
Actualmente existen 26 concesiones en el país de las cuales seis se estructuraron bajo el Conpes 3413 y se denominaron de tercera generación. Se diferenciaron de las anteriores, entre otras cosas, por definir el objeto del contrato en dos instancias: una como alcance básico y la otra como alcance progresivo, garantizando así el desarrollo integral del corredor vial materia del contrato. Bajo este esquema han sido concesionadas 1.584 Kilómetros de vías nacionales.
Siendo éste el concepto que se encuentra en el documento Conpes 3413, el alcance básico de estas concesiones contempla la rehabilitación y/o construcción de la primera fase del proyecto, entendida como la fase que cuenta con recursos para ser ejecutada. Por su parte, el progresivo contempla otras fases que son activadas, como su nombre indica de manera progresiva, según las condiciones fijadas en el contrato como nivel de tráfico, la disposición de recursos y/o demás condiciones que se estimen relevantes y justifiquen el desarrollo de estas obras, que fueron declarados constitucionales por la Corte en la Sentencia C-300 de 2012.
Los alcances progresivos contemplados en dichos contratos constituyen 1.103 kilómetros que se reparten en 8 departamentos y contemplan las siguientes conexiones viales: Girardot - Ibagué - Cajamarca, Córdoba - Sucre, Ruta del Caribe, Área Metropolitana de Cúcuta, Zona Metropolitana de Bucaramanga y por último, Rumichaca - Pasto - Chachagüí; obras que se pueden comenzar a desarrollar inmediatamente y que dependen únicamente de la voluntad del presidente ejecutivo de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien tiene como obligación poner en fase operativa los alcances progresivos de esta generación de concesiones. Sin su aval para la activación de los progresivos, cuya financiación estaría cubierta por las concesiones responsables y en las cuales el Estado no tendría necesidad de realizar ningún desembolso, la infraestructura vial no podrá continuar.
Casos de éxito como la expansión del Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga en 2012, que con el apoyo del Gobierno Nacional y en cabeza de la Concesión Aeropuertos del Oriente se extendió en 34 mil metros cuadrados, dan muestra de las posibilidades de desarrollo que tienen las regiones a partir de la activación de los progresivos, convirtiéndolos en herramienta y aliados estratégicos del Gobierno Nacional para el cumplimiento de los objetivos planteados para la locomotora de infraestructura.
Las condiciones para la activación de los progresivos están dadas, los bancos están dispuestos a financiar las obras, el tráfico del país lo exige y se constituyen en la alternativa más viable para aumentar la competitividad del país de manera inmediata, optimizando en tiempo y dinero los recursos públicos.
Es por ello que surgen dudas sobre las acciones emprendidas por la ANI frente a la apertura de nuevas licitaciones en tramos concesionados, haciendo caso omiso al control de advertencia que le hizo la Contralora a la Agencia advirtiendo el detrimento patrimonial en la adjudicación de contratos de “…activos concesionados, alcances progresivos activados y no activados, y sobre iniciativas privadas presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1467 de 2012”.
Sin duda alguna, se requiere una posición clara que defina los contratos de tercera generación debido a que los progresivos son de gran importancia para el país y constituyen un salvavidas que permitirá aumentar la calidad de vías y la competitividad del mismo.
