¿Por qué subimos en los rankings?

Algunas personas y países critican los rankings internacionales de competitividad; usualmente quienes salen mal clasificados. Y si bien, estos pueden tener algunos cuestionamientos legítimos sobre su metodología y alcance, además de que no todos los rankings son igualmente rigurosos y completos, lo cierto es que su importancia global es indiscutible.

Los inversionistas se los toman en serio, las centros de pensamiento igual y, en general, inclusive los gobiernos que reniegan de ellos, como el de la India, por ejemplo, se convierten rápidamente a su metodología cuando empiezan a comprender la importancia de los resultados.

De estos hay dos que merecen especial atención. El ranking de Doing Business, publicado anualmente en el mes de octubre por el Banco Mundial, que mide diez variables claves para el entorno de negocios, y el reporte mundial de competitividad del Foro Económico Mundial, que es tal vez más estricto y riguroso que el anterior. 

En el primero, en el reporte para 2015,  Colombia quedo clasificado en el lugar 34, habiendo avanzado significativamente en el último año desde el puesto 53. En el segundo, recién publicado, subimos cinco puestos en el último año, colocándonos en el lugar 61. 

Un análisis detallado de los resultados de ambos indicadores y, en particular de las razones por las cuales se ha avanzado, sin embargo, arroja una muy interesante conclusión. 

En ambos casos la razón principal de los resultados positivos es la misma y tiene que ver específicamente con una reforma legal inmensamente importante pero también inmensamente desconocida: ley 1676 de 2013, que introdujo en Colombia un régimen moderno de garantías mobiliarias. 

Explicado simplemente, este nuevo sistema le permite a las personas utilizar sus bienes muebles, presentes o futuros, tangibles o intangibles, determinados o no, como colateral de sus deudas. Así las cosas, el ama de casa que quiere desarrollar una microempresa textil puede dar en garantía su máquina de coser, el campesino su tractor y el comerciante sus facturas. Ya no es necesario realizar complejas y costosas hipotecas de bienes inmuebles como garantía crediticia, los cuales muchas veces no están disponibles para el pequeño y mediano empresario. 

Crea además un eficiente registro de estas garantías; económico, sistematizado y ágil. Este reemplaza el engorroso sistema registral de la prenda sin tenencia, que nunca funcionó muy bien. 

Además desarrolla mecanismos innovadores para el cobro y pago de las deudas garantizadas, rompiendo arcaicos paradigmas procesales.

Como es entendible, una reforma de esta magnitud, tal vez la reforma financiera más importante que nadie conoce, no solamente se enfrenta a poderosos intereses creados que se benefician con el statu quo anticrediticio sino que requiere de un amplia reglamentación y sobretodo de un extensa pedagogía.

Si bien, ya existen cientos de miles de registros por billones de pesos, muchos constitutivos de nuevo crédito, solo hasta hace unas semanas, casi dos años después de expedida la ley, fue posible expedir el decreto para regular la ejecución de las garantías y actualizar el tratamiento de las mismas como garantías admisibles por parte de las entidades financieras. 

Completo el marco legal, tras un esfuerzo admirable del MinCIT, de la Superfinanciera, del doctor Simón Gaviria y, por supuesto, de la Presidencia de la República, tenemos lo que puede ser el modelo garantías mobiliarias más moderno del planeta, como lo reconocen los indicadores antes mencionados, donde Colombia ocupa el segundo lugar en el indicador “Obtención del Crédito” del Doing Business y el primer lugar mundial en el “Índice de Derecho Legales” del reporte mundial de competitividad. 

El reto es ahora defender este sistema ejemplar de la ofensiva legal que han anunciado los parásitos de baranda. Ojalá que las Cortes reconozcan lo que ya han hecho las más estrictas mediciones comparativas internacionales: que las garantías mobiliarias son un elemento esencial del desarrollo.