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ANALISTAS Por el futuro, contra el pasado
martes, 17 de junio de 2014
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La posesión, tenencia y uso de la tierra ha sido el origen de muchos enfrentamientos políticos, sociales y económicos a través de la historia de Colombia.

Leyendo a Álvaro Tirado Mejía en: “Colombia, siglo y medio de bipartidismo” es claro que el conflicto por la tierra entre terratenientes y pequeños propietarios campesinos tiene una larga historia. 

Ya a principios del siglo XX, en 1905, existía una ley por la cual los pequeños propietarios campesinos debían demostrar la posesión legal de los predios donde cultivaban, o presentar el contrato de arrendamiento con el terrateniente, de lo contrario serían expropiados, en las siguientes 48 horas, de las tierras de las cuales dependían económicamente. La única alternativa para muchos era la resistencia, en muchos casos violenta.

Treinta años después, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se trata de remediar la situación con la ley 200 de 1936. Con esta se presumía dueño de un terreno a quien le diera destinación económica, también se ponían reglas a la expropiación y el Estado podría tener el dominio de los terrenos de 300 hectáreas o más que no fuesen cultivados.

López pensaba hacer una “reforma agraria estructural” para regular la explotación de la tierra y legalizar los derechos de arrendatarios y colonos, pero inmediatamente respondieron los terratenientes liberales y conservadores al crear la Acción Patronal Económica Nacional (Apen). En este enfrentamiento los banqueros e industriales apoyaban a los terratenientes y la respuesta fue la violencia contra los pequeños propietarios. El origen de la violencia en Colombia fue, sin duda, un enfrentamiento entre clases por el uso y la tenencia de la tierra.

Unos años más tarde el discurso de Jorge Eliécer Gaitán expresaba el obvio descontento de las clases reprimidas contra las clases dominantes. Las clases dirigentes en manguala con el poder económico contra las clases trabajadoras y de pequeños propietarios.

El asesinato de Gaitán fue otro punto de inflexión a partir del cual se acentúa el círculo vicioso de la violencia y la causa era la misma: la lucha por la tenencia de la tierra. Si hubiera llegado al poder habría aplicado una serie de políticas entre las cuales se encontraba la “Reforma Agraria” para fortalecer la economía campesina y la imposición de impuestos a la tierra.

Lo cierto es que la muerte de Gaitán dio inicio a la violencia entre liberales y conservadores humildes, mientras los dirigentes se repartían el poder y las ganancias del poder. Unos años más adelante los partidos liberal y conservador se reparten nuevamente el poder durante el “Frente Nacional” (desde 1958 hasta 1974). El ataque a Marquetalia, durante el gobierno del conservador Guillermo León Valencia, fue el inicio de las Farc, en 1964.

Desde 1958 la violencia ha generado 250.000 muertos y 6 millones de desplazados. Todos los gobiernos han tenido y tendrán puntos a favor y puntos en contra, pero sí hay que reconocer que el gobierno de Juan Manuel Santos quiere resarcir a las víctimas del conflicto, con la ley de víctimas y de restitución de tierras, y saldar la deuda histórica con los pequeños campesinos despojados de sus tierras. En todo proceso de paz realizado a nivel mundial ha habido concesiones de lado y lado, porque en últimas si no hay concesiones no hay paz, y el proceso colombiano no es la excepción.

Sin embargo, muchas fuerzas se resisten al proceso de paz y al segundo mandato de Santos porque se ven afectadas por el programa de restitución de tierras o porque les conviene la guerra de una u otra manera. Los movimientos guerrilleros han servido de excusa para que otros poderes oscuros eviten una “Reforma Agraria Estructural”. Desde el siglo XX los poderosos terratenientes han evitado la reforma.

Si se logra la paz en Colombia se afectaría la estructura de la tenencia y uso de la tierra, mucha de la cual pertenece a los reductos del paramilitarismo y de las bacrim, que manejan mucho poder en las regiones, incluido poder político.

Votemos por el futuro, pero también  contra la violencia histórica por la tierra en Colombia.