Política macroeconómica y agricultura

La experiencia de América Latina evidencia de manera contundente que una política macroeconómica acertada es un prerrequisito para el avance de la agricultura. En cuanto hace a la tributación, la literatura sugiere que la agricultura no sea sometida a cargas tributarias mayores a las de otros sectores y que la política fiscal se encuadre dentro del esquema general de impuestos al valor agregado y a la renta, aplicados a otros sectores.También recomienda reducir los impuestos sobre la producción, las exportaciones y los insumos. Respecto a los impuestos a la tierra (prediales) se argumenta que cuando son adecuadamente estructurados, éstos contribuyen a una mayor eficiencia e inducen aumentos en la producción.En el ámbito de las prioridades del gasto público en la agricultura se resaltan las ventajas de invertir en obras de infraestructura de irrigación, carreteras, electricidad y telecomunicaciones, así como en extensión e investigación agrícola. Estudios de la Cepal encuentran que: "entre los períodos 1985-1990 y 1996-2001, el porcentaje del gasto en infraestructura rural subió del 5,9% al 13,6%, y el correspondiente a servicios sociales pasó del 11% al 17%". Estas cifras demuestran que los países están dando cada vez mayor importancia al gasto en bienes públicos. No obstante, se continua observando una baja inversión en la investigación agrícola, que ha sido menos del 1% del PIB. Respecto a la canalización de subsidios, se ha encontrado que aunque éstos pueden tener impactos positivos en la producción en el corto plazo, a menudo han resultado inequitativos. Lo sucedido en Colombia con Agro Ingreso Seguro ilustra bien el caso.Referente a la política comercial, se ha confirmado que la liberalización de la agricultura conduce a un incremento en los flujos comerciales, mayores precios agrícolas y aumentos en el bienestar económico general. En este contexto cabe destacar que los países de la región han venido suscribiendo diversos Tratados de Libre Comercio y convenios regionales que en mayor o menor medida inciden sobre la agricultura. Todos estos acuerdos han estado dirigidos a ampliar el acceso a los mercados y a reducir el uso de licencias y restricciones al comercio, así como a acelerar los procesos de desgravación arancelaria. Las reformas recientes que se dieron tanto en el ámbito comercial como cambiario en los países en desarrollo y emergentes han mejorado los incentivos de precios para la agricultura, aunque no han eliminado totalmente el sesgo en su contra. Entretanto, se ha observado muy poco progreso en el desmantelamiento de la protección agrícola en los países avanzados.En un estudio reciente sobre la historia de los regímenes cambiarios en América Latina se ha confirmado que un sistema cambiario y una política fiscal que permitan mantener la tasa de cambio real contribuyen a estimular la producción y el crecimiento económico. Esto es especialmente cierto en el caso de la agricultura. En meses recientes y a raíz de la reincidencia de la crisis financiera internacional y del proceso de apreciación que se viene presentando como resultado de ésta, la gran preocupación que ha surgido es qué hacer en materia de intervención cambiaria dentro de los sistemas de tasa flexible vigentes en América Latina. A este respecto se ha abierto de nuevo el debate sobre los controles de capitales y las condiciones y modalidades que éstos deben tener para evitar que la apreciación conduzca a frenar el crecimiento económico en la región. Todas estas consideraciones que resaltan la trascendencia de la política macroeconómica en la agricultura hacen que los Ministros de Agricultura se vean obligados a opinar públicamente sobre la política macroeconómica, aunque esto resulte incómodo para los Ministros de Hacienda.Roberto Junguito- Analista