¿Peaje o conejo?

La Secretaria de Movilidad de Bogotá anunció públicamente que se vienen analizando las zonas en las cuales se pretendería establecer peajes dentro de la ciudad y su intención de tener lista la licitación para adjudicar su operación antes de terminar el 2012.

Ante estas declaraciones me siento en la obligación de recordarle a la actual Administración que para el establecimiento de este tipo de peajes les haría falta recorrer un largo camino jurídico, el cual tendrá una serie de obstáculos que francamente espero que no logren superar, pues sería una arbitrariedad que a los bogotanos se les pretenda cobrar por el uso de las mismas y pocas vías con las que cuentan de tiempo atrás. Amparar el cobro de estos peajes para la búsqueda de zonas de descongestión es continuar en la misma línea de medidas como el “pico y placa”, las cuales se basan en la restricción de las vías públicas en lugar de orientarse hacia soluciones verdaderas consistentes en la construcción de nuevas vías.

La facultad para el cobro de peajes internos se consagró inicialmente en el artículo 159 del Estatuto de Bogotá, consagrado en el Decreto Ley 1421 de 1993. Esta norma dispone que el  Concejo Distrital “podrá establecer dentro de los límites del Distrito, peajes en las vías de acceso a la ciudad o en las nuevas vías circunvalares y de alta velocidad. Su producto lo destinará a la construcción, mantenimiento, conservación y reparación de vías”.

Tres cosas merecen resaltarse de esta norma. La primera de ellas es que la fijación del peaje y todos sus elementos son una atribución que le corresponde al Concejo de Bogotá, lo cual necesariamente presupone que deberá existir un debate sobre la conveniencia, legalidad y justificación de tal cobro. La segunda es que la disposición que actualmente contempla el marco distrital hace referencia únicamente a la posibilidad de establecer peajes sobre las avenidas de acceso a la ciudad o las nuevas vías, lo cual es totalmente lógico porque parte del hecho que el peaje es el medio para financiar la construcción de una vía y preservar posteriormente su adecuado mantenimiento. Por último,  a pesar de la potestad tributaria que le atañe al Distrito, el Consejo de Estado ha aceptado que en materia de fijación de peajes se permita la injerencia del Gobierno Nacional, tal como lo expresó en la sentencia del 8 de noviembre de 2001. En esa oportunidad la Corporación  denegó la nulidad solicitada contra los numerales 9 y 10 del artículo 6 del Decreto 101 de 2 de febrero de 2000,  los cuales establecen dentro de las funciones del Ministerio de Transporte las de emitir “concepto vinculante previo al establecimiento de los peajes que deban cobrarse por el uso de las vías a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos y municipios, con el fin de asegurar la adecuada operación de la infraestructura de transporte”.

Sin embargo, la disposición en la cual se fundamentaría el establecimiento de peajes en zonas de alta congestión la encontramos en el artículo 90 de la ley  1450 de 2011, el cual establece que “los municipios o distritos mayores a 300.000 habitantes, podrán establecer tasas por uso de áreas de alta congestión, de alta contaminación, o de infraestructura construida para evitar congestión urbana. El Gobierno Nacional reglamentará los criterios para determinar dichas áreas”.

Más allá de los cuestionamientos que existen en torno a la constitucionalidad de esta norma, lo cierto es que la aplicación de la misma requeriría igualmente que sea el Concejo de Bogotá quien determine en forma precisa los elementos para el cobro del peaje y que se deba esperar a que el Gobierno reglamente los criterios para determinar las áreas sobre las cuales procedería imponer el peaje.

Esperemos que mientras que se surten estos trámites, el Gobierno sea consciente que la verdadera filosofía del peaje es para financiar nuevas obras  y que pueda verificar que los peajes son en sí mismos uno de los puntos donde mayor congestión se produce en las carreteras debido a la ausencia de sistemas eficientes de pago y suficientes carriles de atención. Esperaría también que el Alcalde Petro recapacite y reconozca que los ciudadanos no deben asumir la responsabilidad por la incompetencia de las pasadas administraciones en construir nuevas vías y que el elevado nivel de tráfico es culpa de esa falta de gestión.  Ojalá se reconozca que los peajes son un mecanismo interesante para promover nuevas avenidas, mas no para cobrar por el uso de vías ya existentes que se construyeron y se han mantenido con los impuestos de todos los ciudadanos.