Los Piratas del Caribe

No todos los paraísos fiscales son iguales. Hay unos peores que otros. Y Panamá, valga decir, es uno de los peorcitos, compartiendo su discutible calidad con destinos tan notables como Andorra, Vanuatu, la República de Nauru y Liberia. 

No lo digo yo. Lo dice la Ocde, la organización que desde hace unos años decidió declararle la guerra a muerte a estas jurisdicciones.

En un reciente estudio de la Red de Justicia Tributaria del Reino Unido (no confundir con su homónimo local), se estima que estos huecos negros fiscales esconden unos US$31 billones (trillones, en cuentas inglesas) de propiedad de las personas naturales y jurídicas más ricas del planeta.

Obviamente, la razón para parquear estos cuantiosos capitales no es propiamente la oportunidad de bañarse en la bahía de Panamá o la oferta gastronómica en Monrovia. Es no pagar impuestos.

Sin embargo, antes de seguir con este tema, hay que hacer algunas aclaraciones. La mayoría de países, entre ellos Colombia, le permiten a sus ciudadanos poseer divisas, es decir, moneda extranjera. También es usual que les permitan, como en Colombia, ser accionistas de sociedades o gestores de fundaciones, cooperativas o fideicomisos en el extranjero.

Sé que esto será noticia para muchos, pero para un colombiano tener una cuenta en un banco en el extranjero, así sea en una jurisdicción off-shore, a través de una sociedad mercantil, no tiene per se nada de ilegal.

Ni siquiera debería tener nada de sospechoso. Las principales empresas colombianas, entre ellas empresas estatales, como Ecopetrol o ISA, tienen filiales en el jurisdicciones off-shore; al igual que los bancos nacionales, que tienen operaciones para servir a sus clientes colombianos. 

La confusión del público se genera por la percepción de que todos los dineros depositados en el exterior son de alguna manera ilegales. Esta idea persiste seguramente porque en el pasado, cuando existía en Colombia el control de cambios, la sola posesión de divisas era una delito.

Es probable que una buena parte de los US$100 millardos no declarados que se estima que poseen los colombianos en el exterior tengan orígenes lícitos. El dinero ilegal, el que proviene de actividades delincuenciales como narcotráfico y corrupción debe ser una fracción menor, entre otras cosas porque cada vez es más difícil mantener estos dineros sin dar las explicaciones requeridas.

¿Cuál, entonces, es el problema? El problema no es la ilicitud de los recursos, sino el privilegio fiscal que ofrecen las jurisdicciones off-shore, el cual se manifiesta de dos maneras. Una, la inexistente carga fiscal para los no residentes, principalmente del impuesto de renta. La otra, la opacidad en la información, que se traduce en la posibilidad de esconder los titulares de los recursos o sus beneficiarios reales.

En cuanto a la primera es poco lo que se puede hacer. Los países son soberanos para decidir qué tipo de impuestos quieren tener y a quiénes se los quieren cobrar. Para algunas de estas naciones, sin recursos naturales o sin otras ventajas competitivas, la creación de centros financieros internacionales con normas más flexibles es una alternativa legítima de desarrollo.

La segunda, sin embargo, no tiene justificación. No se debe confundir anonimato con clandestinidad. Nadie cuestiona la discreción en el manejo de la información financiera de un individuo, pero esto no significa la abstención en el intercambio de información con las autoridades, especialmente las fiscales,  de los países de origen de los inversionistas.

Este es en el fondo el almendrón del asunto. Los off-shore están obligados moralmente y, desde la creación del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información Fines Fiscales de la Ocde, jurídicamente, al intercambio automático de información fiscal, para lo cual deben suscribir convenios bilaterales con los miembros.

Panamá, que ha sido recalcitrante y es la oveja negra de la Ocde, ya ha suscrito 30 de estos documentos con igual número de países. ¿Qué espera para suscribir el acuerdo con Colombia?