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El tema de los baldíos sigue dando de qué hablar. Después, de las contradictorias interpretaciones por parte del anterior ministro de Agricultura, Dr. Francisco Estupiñán, sobre la ley 160 de 1994, que sirvieron para poner en duda la legitimidad de grandes inversiones en la altillanura, destinadas a producir millones de toneladas de alimentos y a industrializar el campo; el propio Gobierno Nacional, a través del actual ministro de Agricultura, anunció la presentación de un proyecto de ley que disiparía las dudas sembradas por el propio ejecutivo sobre la legitimidad de la propiedad privada que, un día fue baldía.
Con bombos y platillos se anunció el nuevo proyecto que, supuestamente, protegería a los pequeños propietarios que allá tienen cada uno por lo menos mil quinientas hectáreas (Unidad Agrícola Familiar, UAF) y, conminaría a los grandes propietarios a abrir la puerta a la asociación con los pequeños. El proyecto fue presentado por el Gobierno Santos al Congreso de la República el mes anterior.
Aún sin habérsele dado primer debate al proyecto de ley, no se hicieron esperar los cuestionamientos al texto del mismo. Dicen que el proyecto había sido detalladamente analizado y consultado con el Presidente de la República y sus asesores. Por lo tanto, es de suponer que tenía el visto bueno del jefe de Estado, tal como lo aseguró el ministro Lizarralde.
Las presiones externas ejercidas al Gobierno Nacional para modificar el texto del proyecto, pudieron más que la voluntad presidencial que, como en tantas ocasiones, se mostró frágil y cedió ante las mismas ordenando el retiro de la iniciativa legislativa con el fin de darle mayor claridad según dijo el ministro de Agricultura. Como si los debates en el Congreso de la República a los que son sometidos los proyectos de ley no tuvieran, precisamente, el objetivo de debatirlos y mejorar sus contenidos.
De todo esto, lo más inquietante es lo afirmado por el propio ministro Lizarralde acerca de las visitas y diálogos que tuvo sobre el proyecto, al ser abordado por los negociadores, imaginamos del Gobierno, en La Habana. ¿Traían éstos razones de quienes han sido los victimarios del campesinado y de los productores del campo? Si fue así, ¿se legisla desde La Habana y se imponen criterios al Gobierno elegido democráticamente por nueve millones de colombianos? ¿Se está aprovechando la coyuntura de la reelección presidencial para someter al jefe del Estado, de voluntad frágil, al chantaje y a cambiar sus decisiones ya tomadas?
Después de la desafortunada presentación por parte del ministro Lizarralde, el Gobierno que anunció que volvería a presentar el proyecto a la semana siguiente del retiro del mismo, volvió a cambiar su decisión y dijo que mejor sería dejarlo para marzo del próximo año.
Esta permanente vacilación en la decisión del jefe del Estado sobre este tema, solo trae desestímulo y freno a la inversión que busca convertir a Colombia en un gran productor de alimentos, que en primera instancia beneficia a los productores nacionales y a los consumidores.
A tal punto que, de contar con más de U$12.000 millones de IED para el 2010, a la fecha tan solo se registran una cifra cercana a los U$3.000 millones. Es decir que la IED en este sector se ve perjudicada por la incertidumbre que genera esta ley.
Esto, como con el proyecto de la salud que, aún no ha podido convertirse en ley por la falta de claridad del ejecutivo sobre el mismo, muestra la fragilidad de las decisiones tomadas por el jefe de Estado.
