Desde hace más de 50 años Colombia padece un vergonzoso conflicto armado interno que ha dejado millones de víctimas, especialmente mujeres que han enterrado a sus esposos, hijos, nietos, y han tenido que sacar adelante sus vidas y el futuro de sus regiones, por encima del terror que les producen las amenazas y la persecución de los actores violentos.
El Día de la Mujer es una excelente oportunidad para reconocer el papel fundamental de ellas en la construcción de la democracia y la reconciliación. Pero también para asumir con enorme responsabilidad el compromiso colectivo de cambiar el estado de cosas que mantiene al país como el segundo más desigual del mundo, uno de los más afectados por la violación de los derechos humanos, con el conflicto armado interno más largo del planeta, y altos índices de discriminación por género.
El desplazamiento forzado es una de las consecuencias más dramáticas de la guerra. Más de cuatro millones la padecen, la mayoría mujeres, especialmente afrodescendientes. Una auténtica crisis humanitaria, generada por paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes, guerrilleros, e incluso agentes descompuestos del Estado.
La política integral de derechos humanos que lidera el Presidente Santos busca superar esa calamidad. La Ley de Víctimas y Tierras es la apuesta más contundente del Estado para saldar la deuda contraída con las mujeres desplazadas. A pesar de las contingencias propias de este proceso, que se adelanta en medio del conflicto, el cumplimiento de la ley no se detiene. Avanza con la participación de las autoridades departamentales y locales, los organismos de control y el conjunto del Estado, cambiando positivamente la vida de las víctimas, y contribuyendo a consolidar nuevos escenarios para pensar el posconflicto en medio del conflicto.
Pero mientras persista el conflicto aún quedará mucho por hacer. Los violentos y despojadores de tierras, los victimarios, se niegan a aceptar las nuevas realidades y a devolver la tierra. La justicia triunfará contra los delincuentes. La institucionalidad se impone y cada día regresan más mujeres y sus familias a las parcelas, y los jueces emiten sentencias históricas que demuestran que vamos por buen camino.
Los victimarios, sin embargo, continúan amenazando. El Estado responde con vigor a esas contingencias. La Unidad Nacional de Protección invierte cerca de $200.000 millones anuales en esquemas de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. En pocos días se contará, además, con un Programa Integral de Prevención y de Protección a mujeres defensoras de derechos humanos.
El Gobierno Nacional reconoce en cada mujer desplazada, en cada dirigente de sus organizaciones, a las defensoras de derechos humanos como constructoras de paz. Su papel ha sido fundamental en la lucha por llegar al momento en que el país hoy se halla: a las puertas de decisiones trascendentales con las Farc.
El mejor homenaje que el país puede hacerle a las mujeres en su día, es agradecerles cuánto han hecho por la paz. Y estimularlas para que sigan trabajando, dándoles mayores herramientas para seguir adelante en el fortalecimiento de la democracia. “El ranking de igualdad de mujeres y hombres en los partidos políticos”, elaborado por el Pnud, señala un camino que tiene por recorrer Colombia para fortalecer las organizaciones y empoderar muchas más mujeres, especialmente los nuevos liderazgos surgidos del corazón de las víctimas. Porque su voz, experiencia, visión de la solución de los problemas, tiene que servir para sanar las heridas, reconciliarnos como nación y mirar con fe el futuro. Sin las mujeres la paz no tendrá futuro.
