¿Se le ocurriría a alguien cuyo cargo revista cierto tipo de autoridad prohibir la suscripción de CDTs a más de un trimestre o impedir que los contratos de arrendamiento se firmen a más de seis meses vista? En un mundo absurdo en el cual ocurriera este tipo de iniciativas, el impacto para el consumidor sería doblemente negativo. Por un lado, se limitaría el número de opciones de consumo, pudiendo ahora elegir entre menor número de combinaciones duración-precio. De otra parte, se sellaría la posibilidad de encontrar mejores tarifas o rentabilidades vía mayores extensiones contractuales, por lo que tanto el bolsillo del consumidor como su libertad de elegir se verían lacerados. ¿Cómo pensar entonces que en una economía de mercado limitar un parámetro de los contratos, como su duración, puede ser una buena idea?
En el caso de Colombia, la gula política de quienes procuran ganar la simpatía del electorado emprendiendo luchas contra los enemigos de turno del imaginario colectivo, ha llegado al extremo de que en el Congreso de la República se discuta la duración de los contratos del mercado móvil. En mala hora nos encontramos un mercado de este calibre siendo resuelto en el Congreso y no en las oficinas del regulador. La iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate, procura impedir que se firmen contratos a término fijo, es decir, reclama la eliminación de las cláusulas de permanencia. Lo que parece ser un grito de Robin Hood desde su cuerda, veremos, lejos de privilegiar a los más necesitados constituye una amenaza social de magnitudes mayores.
Lo primero que cabe mencionar es que, casualmente, a ningún país en el mundo se le ha ocurrido eliminar las cláusulas de permanencia. Por el contrario, en países líderes tomados como referencia en materia de desarrollo del mercado móvil y de su aparato regulatorio, como Inglaterra, la duración promedio de los contratos aumentó entre 2009 y 2012, al tiempo que se permitieron contratos celulares con duración superior a los dos años. Los consumidores británicos han visto que la extensión, voluntaria, de la duración de los contratos ha apalancado el hecho de que más del 60% de los consumidores tengan teléfonos inteligentes y dispositivos que le permitan sacar provecho del Internet móvil. El regulador mismo reconoce la virtud de la cláusula de permanencia para lograr mayor penetración de smartphones, por una razón sencilla: el mecanismo de fidelización de la industria de voz móvil en el mundo es el subsidio de los terminales.
En el caso de Colombia, Asomóvil estima que el tamaño del subsidio, es decir, el eventual ajuste en el costo de los terminales, es del orden del 48%. El tema es mucho más complejo si se piensa que la rotación de los usuarios incrementaría el costo de adquisición de clientes de la industria, lo cual eventualmente podría incrementar el precio de la voz.
En mi opinión, una vez más, las medidas intuitivamente prosociales pero carentes de rigurosidad técnica conducen rara vez al resultado deseado. En el caso de nuestro país, los buenos propósitos del Gobierno de masificar internet móvil encontrarían un desafortunado techo en la detención del proceso de masificación de terminales, al perderse tal vez el mejor de sus aliados: el subsidio de los operadores a los equipos, solo posible en contratos a término fijo. Al final del día, grandes superficies se lucrarán de teléfonos más caros pagados de contado por quienes no tienen restricción presupuestal, mientras que el otro país, el de la mayoría, verá inalcanzable un teléfono inteligente y enfrentará, eventualmente, mayores precios en la voz. Lo permanente ahora no será el cliente en el operador móvil, sino la excusión en nuestra sociedad. Felicitaciones, sr. Hood.
