La paz incierta del presidente Santos

La Constitución sí le ordena al presidente Juan Manuel Santos buscar la paz; pero no cualquier paz ni a cualquier precio. Paz existe en la fracasada Cuba de los Castro y existió en la naufragada Rusia de Stalin. Y a juzgar por las migajas de información que caen de la mesa de conversaciones en La Habana, allí no se está acordando la paz que numerosos colombianos anhelamos.

Existen exageradas circunstancias adversas para dudar del éxito de la paz del Presidente, quien como afirmó El País de España, se está jugando su imagen ante la Historia y está jugando, asimismo, el futuro de todos nosotros. En los casinos pierden siempre los ingenuos.  

Fotocopias de las Farc, como las consabidas Bandas Criminales –bacrim- se encargarán de contribuir con “el combustible para continuar todas las guerras”, el narcotráfico. Porque en su favor militarán: la pobreza, la ignorancia, el desempleo y la creciente drogadicción de los colombianos. La demanda externa estará asegurada por la legalización solapada y en marcha hoy de los consumos de ciertas drogas en los países ricos con fines “recreacionales” so pretexto de aprobarlas solo para “usos medicinales”.   

Una paz verdadera en Colombia exige todo lo contrario de las llamadas “republiquetas de campesinos independientes sobre un área superior al despeje del Caguán”,  con los desmovilizados de las Farc todavía en posesión de sus armas so pretexto de “preservar el orden público” en ellas y con los jefes guerrilleros de generales en nuestro Ejército y con curules gratis en el Congreso. La paz verdadera exige el imperio de la Ley por todos los rincones del país y la integración de dichas comunidades a la civilización, en lugar de dejarlas adoctrinar, esclavizar y utilizar como bastión electoral de las Farc y para el cultivo de drogas. 

Una paz de largo alcance en Colombia requiere racionalizar los nacimientos en los sectores marginados, requiere servicios de salud para todos, educar a los niños, crearles empleos dignos, dotar el país de un sistema judicial competente para civiles, militares y guerrilleros, contar con una infraestructura moderna, con tasas de cambio y de interés competitivas para exportar y defender el empleo doméstico…

Figuran, asimismo, dentro de las circunstancias adversas para la paz del presidente Santos, las objeciones de la ONU, la CPI, HRW, la Cruz Roja y la Procuraduría, todas esta entidades se oponen a la   impunidad total de los delitos de lesa humanidad de las Farc, impunidad cuya llave ya se encuentra en la Ley Marco para la Paz, bajo el manto de suspensión de las penas. El fin no justifica los medios para estas entidades. Que no se hayan juzgado los delitos de lesa humanidad de las Farc no implica que no se hayan cometido.

Casi ninguno de los obstáculos mencionados en los párrafos anteriores se superará pronto, tras la firma de la paz con las guerrillas por un Gobierno que ha sido incapaz de realizar siquiera una sola de las reformas prometidas y requeridas para acunar una paz verdadera y de largo plazo. La paz es un resultado y no un anhelo. 

Conclusión: Firmar una paz no implicará vivir en paz. Firmar una paz dentro del marco anterior  no le allanará el camino a los que esperan afianzarla posteriormente.  Un acuerdo de tal clase atizaría la violencia y tras ella llegaría la paz de las tiranías castro-comunistas. Mi aporte: No creer en cualquier paz ni a cualquier costo.