La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, puso a consideración de todos los usuarios del comercio exterior del país un proyecto de decreto en el que propone una reforma estructural del Estatuto Aduanero y modifica drásticamente o elimina los instrumentos de facilitación al comercio - léase Usuarios Aduaneros Permanentes - UAP, Usuarios Altamente Exportadores - Altex, Programas Especiales de Exportación Peex y Zonas Francas -, situación que necesariamente afectará el propósito del gobierno nacional de triplicar las exportaciones de bienes no tradicionales, ante la falta de instrumentos que permitan incentivar y simplificar el comercio exterior para el aprovechamiento de los tratados de libre comercio.
Se evidencia que el proyecto de decreto impactará el beneficio del IVA en la importación de maquinaria y equipos que realizan los Altex, porque elimina la figura; se incrementaran los costos administrativos, al eliminarse el pago mensual consolidado de importaciones, el levante automático de las mercancías, la constitución de garantías globales, etc. es decir, los sobre costos de operación afectaran la competitividad de las empresas.
Es claro que la Dian debe cumplir una doble función: servicio y control, el cual debe ser aplicado en la justa medida, en el que no se desborde su capacidad operativa y además se soporte en una buena administración del riesgo que genere efectividad y transparencia.
La autoridad aduanera debe incluir controles, pero no por eso debe olvidarse de la facilitación al comercio, en consecuencia el proyecto debe acompañarse de las mejores prácticas de fiscalización, dentro de las cuales están:
a) El uso de herramientas electrónicas que permitan cruzar información;
b) La implementación de un sistema de administración de riesgos;
c) La implementación de sistemas de colaboración por parte del sector formal para la detección de prácticas ilícitas; y,
d) Realizar menos presión sobre la carga en los lugares de arribo y fortalecer los controles de auditoria o posteriores.
Si la administración no concibe el Estatuto Aduanero como un instrumento de promoción al comercio exterior, basado en trámites electrónicos: simples con cobertura nacional y confiable, que garanticen la facilitación al comercio y el control de las operaciones aduaneras a través de procesos eficientes y transparentes, tendremos por cuenta de esta regulación un impuesto al comercio exterior generado no solo por los reprocesos y la eliminación de estas herramientas sino que nuestros empresarios quedarían en desventaja por los costos ocultos que estas operaciones implican. Hay que romper el paradigma.
El proyecto de estatuto aduanero debería avanzar en ese propósito, pero vemos como figuras que le han aportado tanto al crecimiento de las exportaciones hoy se han venido a menos por falta de su administración y control. Por cuenta de algunos avivatos que aplicaron beneficios y prerrogativas sin tener derecho, el ente controlador reguló de tal manera los instrumentos y tan rigurosamente que prácticamente acabo con ellos, por ejemplo: hoy tristemente ya son muy pocas las Sociedades Comercializadoras Internacionales que quedan. Se necesita institucionalidad y fortalecimiento de los instrumentos, no acabar con ellos, pues no es de esa manera que se controla, es necesario una administración diligente, imparcial y que respete los derechos de sus socios los empresarios honestos del país. No necesitamos una reforma aduanera que tenga visos de reforma tributaria y genere mayor carga a los empresarios, legislemos para los buenos y no para los malos.
De contera, la administración puede terminar abortando las posibilidades que ofrece un instrumento como el del OEA (Operador Económico Autorizado) al atribuirle funciones para los cuales no fue creado.
