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La informalidad en Colombia es una realidad grave porque, ésta no dignifica al trabajador, lo excluye de muchos beneficios del estado social, como por ejemplo el derecho a tener recreación para él y su familia, a una pensión digna en su vejez. Lo lleva a ser discriminado y lo excluye de ciertos servicios como es el del crédito que le permita estabilizarse y crecer.
Para hacer menos dura la informalidad de los pobres, el estado social de derecho ha ampliado su cobertura de servicios de manera importante, la salud con todas sus deficiencias de buena calidad es un derecho real de todo colombiano, lo mismo sucede con la educación pública gratuita hasta el último año de la secundaria; el propósito debe ser como en otros países latinoamericanos, conseguir que el Estado ofrezca la educación universitaria publica de manera gratuita.
En el tema de la vivienda, existe en Colombia un déficit de más de tres millones de casas y lo que se ha hecho hasta ahora no mitiga el problema, es necesario emitir medidas que ayuden a salir de la pobreza a la mitad de la población colombiana y en ello puede ayudar el sistema financiero a través de la banca. El microcrédito es una vía para hacerlo pues reduce la carga económica que deben pagar los pobres y los informales por cuenta de la plata que se consigue prestada en la calle.
La inclusión financiera es fundamental para apalancar a los pobres a través, por ejemplo, de las microfinanzas. Sacarlo de la trampa del gota a gota, de los préstamos costosos, es imperativo. Las personas de bajos ingresos están en estado de vulnerabilidad completo y su acceso al sistema financiero podría contribuir a sacarlos de esa crisis.
Muchas personas no acceden al sistema financiero de manera involuntaria porque sus ingresos son bajos. Sin embargo, el acceso a este sistema no solo se puede convertir en la fuente de financiamiento sino de un desarrollo productivo o de un mejoramiento de vivienda. En ambos casos esto se traduce en mejoras de calidad de vida.
En Colombia, la mayoría de las transacciones financieras se hacen en efectivo y esto tiene un costo. Emitir dinero, transportarlo y tenerlo en circulación es costoso y riesgoso. Terminamos pagándolo todos pues el costo no solo es monetario sino también social, pues implica que grandes cantidades de dinero que podrían ser destinados a proyectos sociales sean usados para este propósito.
Los bancos tienen una estructura de costos rígida y quizá esto les dificulte bajar los precios de los rubros que pagan sus cliente por los servicios prestados; sin embargo, es deseable un mayor conocimiento de las necesidades de sus clientes, y el ofrecimiento de productos acordes a ello. La gente, en especial la de bajos ingresos, tiene la impresión de que ingresar al sector financiero es costoso y genera muy poca rentabilidad, una forma de luchar contra esa imagen es innovar en los servicios.
El Gobierno Nacional decidió presentar un proyecto de ley que permita crear sociedades especializadas en pagos, ahorros y depósitos (PAD) sin colocación de dinero. Las cuentas se podrán abrir hasta con dos millones de pesos ($2.000.000) exentos del gravamen del 4x1.000. Estos depósitos serán consignados por las sociedades PAD en el Banco de la República o en bancos comerciales, y servirán para hacer giros y transferencias a quien demande este servicio. La idea es que, dichas entidades al no tener grandes estructuras ni costos administrativos reduzcan el valor de estos giros.
Los bancos y las casas de giros que prestan este servicio podrían participar o crear estas nuevas sociedades, al igual que quienes cumplan las condiciones exigidas por la ley, un capital mínimo y someterse a la vigilancia de la Superintendencia Financiera.
