La era del posconflicto

No deja de sorprender el desarrollo del proceso de paz y como el Gobierno va destapando sus cartas, mostrando verdades que todo el tiempo ha tratado de esconder. Cuando reiteradamente el jefe del Estado ha sostenido que no habrá impunidad y afirmó que los máximos jefes de la guerrilla no podrán ser elegidos al Congreso de la República, el doctor De la Calle, propone redefinir los delitos conexos al delito político. Por esta vía llegaremos a que el secuestro y el narcotráfico, tipos penales que las Farc bien conocen, se conviertan en delitos políticos, posibilitando la elegibilidad de los subversivos al Congreso de la República. Estos delitos, al igual que los asesinatos, el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado, la violencia sexual contra las mujeres, las desapariciones extrajudiciales, las torturas tanto síquicas como corporales, constituyen delitos atroces y crímenes de lesa humanidad, por los cuales los subversivos deben responder.  Lo contrario sería desconocer  apartes del Marco Jurídico para la Paz y las sentencias C-577 y C-579 de la Corte Constitucional.

Es bueno recordar además la reiterada posición de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en el sentido de que es inevitable que por la comisión de este tipo de delitos, se paguen penas de prisión, lo que quiere decir que de llegarse a la conexidad de estos delitos con los delitos políticos estaría incluso pasando por encima de tratados internacionales suscritos por Colombia.

De otra parte, recordemos que el propio Marco para la Paz, indica que, para suscribir un acuerdo de paz con un grupo subversivo es absolutamente obligatorio que dicho grupo entregue las armas, libere a todos los secuestrados,  reconozca a sus víctimas, las repare  y se comprometa  a no repetir la comisión  de estos crímenes atroces.

El grupo subversivo deberá contribuir de manera real y efectiva en el esclarecimiento de la verdad, la ubicación del lugar donde están los restos mortales de las víctimas, la devolución de las tierras despojadas y la reparación efectiva de los afectados con sus propios recursos económicos. 

Mientras que el doctor De la Calle, aboga porque delitos ordinarios se conviertan en delitos políticos, para facilitar a los máximos responsables de estos crímenes su participación política, ellos responden con el aumento de sus acciones delictivas como  el asesinato de civiles e indígenas, como  los del  Cauca, por el simple hecho de bajar una pancarta conmemorativa de la muerte de Alfonso Cano; los secuestros, como los cometidos recientemente contra un General de la República, un cabo, dos solados del Ejército y una civil, el reclutamiento de menores, la expansión de los cultivos  ilícitos, como sucede en la región del Catatumbo y muchas otras de la patria, y la destrucción de los bienes públicos. 

Debe contarnos el Gobierno la verdad sobre lo acordado con las Farc, para obtener la liberación de los últimos secuestrados pues este grupo subversivo no hace concesiones gratuitas y, el Gobierno Nacional actual siempre ha tenido una conducta engañosa con el propósito de esconder la verdad y fines del proceso de paz, realizados sin transparencia frente al país.

Las últimas acciones criminales ratifican que, muy al contrario de lo que afirma el Jefe del estado, no estamos en la era del posconflicto y no se puede pretender cambiar la realidad de lo que vivimos, ni frente a nuestros compatriotas ni frente a la comunidad internacional que por cierto pareciera mas consiente que nosotros sobre lo que sucede en Colombia, hasta el punto de no creerle al Jefe del Estado  quien regreso de su gira por Europa con las manos vacías.