MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Hace pocos días se publicó el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), sobre Colombia, esa publicación contiene una serie de recomendaciones que nuestro país debe adoptar para cumplir con unos requisitos mínimos deseables para ingresar al selecto grupo de países que hacen parte de esa organización.
Varios son los aspectos sobre los que la Ocde se pronuncia, recomendaciones que para ponerlas en práctica exigen cambios profundos en el país, muy difíciles de lograr.
En materia pensional, la Ocde recomienda entre otros aspectos: elevar la edad de jubilación de las mujeres que hoy está en 57, a 62 años. Esta es una decisión política casi imposible que un Congreso de la Republica adopte pues se esgrimirá el papel de la mujer como madre, como cabeza de familia, su lucha para vencer la desigualdad y, en el fondo cada congresista evaluará el papel trascendente de ellas, en los debates electorales y en la definición de los mismos.
La reducción de la tasa de reemplazo para calcular las pensiones, que es otra de las recomendaciones, implica bajar el ingreso como porcentaje del salario devengado y, aumentar de 10 a 20 el número de años cotizados sobre los que se calcularía la pensión. Una medida como esta reduciría drásticamente el monto de las mesadas.
A mediano plazo, aumentar las edades de jubilación tanto de mujeres como de varones, otra de las recomendaciones de la Ocde, traerá como efecto que se restrinja el ingreso de jóvenes al mercado laboral. Además de acuerdo a la expectativa de vida de los colombianos, que es de 74 años, quien se pensione a los 62 con dificultad tendrá más de 10 años de disfrute de su pensión.
Otras de las recomendaciones, es bajar la pensión mínima a menos de un salario. Todos sabemos que el adulto mayor que ya está imposibilitado para trabajar, con un salario mínimo ni siquiera cubre sus necesidades básicas.
La Ocde recomienda acabar con el régimen de prima media. Si esta medida se toma, lo justo es que ese ahorro fiscal se destine exclusivamente a aumentar el bienestar social de toda la población, logrando eficiencia y equidad en el gasto.
El control de la violencia que se traduce en violación sistemática de los derechos humanos, es un cáncer que el estado tiene que derrotar si desea elevar el nivel de bienestar de los colombianos. Como nunca hoy la violencia y el sicariato se han disparado en los grandes conglomerados humanos, cuyas condiciones de riesgo se equiparan a las que se viven en las zonas rurales azotadas por la guerrilla. Doblegar la violencia es tarea que le ha quedado grande al estado, de ahí los altísimos niveles de impunidad.
La realidad de nuestro sistema político, profundamente anclado a la corrupción que se roba billones de pesos del presupuesto nacional, y el dominio del clientelismo en las decisiones gubernamentales, hace imposible la eficiencia fiscal que se requiere para reemplazar el costo de las reformas que la Ocde recomienda. A este organismo pertenecen con algunas excepciones como es el caso de México, una gran mayoría de países donde impera una profunda cultura política, ausente en Colombia.
Como si lo anterior no fuera suficiente limitante para alcanzar los altos estándares deseables para que Colombia ingrese al club de países ausentes de malas prácticas, la crisis económica que vivimos y que se avecina mayor, llevó al gobierno a recortar en $90 billones las inversiones y gastos del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo para este cuatrienio, previamente calculado en $790 billones.
