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ANALISTAS ¿Justicia transicional tributaria?
sábado, 30 de abril de 2016
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Reportar los activos ocultos a la Dian en el contexto de la amnistía vigente lo deja a paz y salvo con el fisco, pero no lo exime de que lo investiguen por el origen de esos activos. Son dos cosas separadas: si su riqueza fue mal habida, igual tenía que pagar impuestos. Aun si paga los impuestos, no ha “lavado” las impurezas legales de su origen. La Uiaf y la Fiscalía todavía podrían llamar a su puerta a preguntar, y de hecho la Dian tiene la obligación de reportar a esas entidades cualquier indicio de activos cuyo origen sea ilegal.

He ahí el dilema de buena parte de la riqueza bien habida pero oculta en el exterior: los mismos mecanismos que permitieron ocultar esa riqueza dificultan demostrar su origen. Y más allá de la presunción de buena fe, la Uiaf y la Fiscalía pueden y deben exigir esa demostración. Sería ingenuo y negligente pretender lo contrario, en un país con la historia de narcotráfico, desplazamiento, extorsión, contrabando y corrupción que tiene Colombia. Mucho menos en medio de la búsqueda de los activos de las Farc, ELN, paramilitares y bacrim que es indispensable en este momento. 

¿Cuántos colombianos con activos ocultos de origen limpio se la están pensando dos veces antes de normalizar sus activos? ¿Cuánto recaudo de la amnistía tributaria se podría dejar en la mesa por esto? ¿Cuántos contribuyentes van a dejar pasar esta oportunidad de recobrar su tranquilidad fiscal? Ahora que Panamá ha aceptado  intercambiar información tributaria con nosotros (grata sorpresa), los que tienen sus cuentas allá se deben sentir entre la espada y la pared con esta incertidumbre. 

Por otro lado, a pesar de lo que diga la ley, la realidad práctica del lavado de activos es que lavar no es legalizar, sino simplemente hacer circular el dinero hasta que se pierda la traza de su origen. El problema es análogo a la discusión que hay sobre los segundos ocupantes en restitución de tierras: ¿de verdad es un comprador de buena fe, o es un testaferro del criminal? El rol de los paraísos fiscales en este tema es el de notario que se presta para ocultar la traza de los eventos y la identidad del testaferro. La Uiaf y la Fiscalía están justificadas al indagar con sano escepticismo sobre el origen de los capitales en esos lugares.

En ese contexto, las elecciones del Fiscal y del nuevo director de la Uiaf son cruciales para el futuro del fisco colombiano. Ellos están llamados a separar el trigo de la paja en los activos que se normalicen. Su diligencia, rigor y buen criterio son indispensables para lograr la normalización de activos ocultos sin que ello se convierta en una pesadilla para los dineros bien habidos sin declarar, ni mucho menos en una bendición a los frutos de actividad criminal pasada. 

No es un trabajo fácil, y no hay una receta clara para la Dian, la Uiaf y la Fiscalía. Implicará un esfuerzo por parte de los capitales que se declaren en dar explicaciones necesarias. Se acabaron las excusas. Pero, en consonancia con el zeitgeist, lo menos que podemos pedir los colombianos es verdad, justicia y reparación -en este caso, transparencia, rigor y pago de impuestos.