Garantía de Compra, un activo cafetero añorado

El debate  sobre el futuro de la política agrícola en Colombia es más que bienvenido. La opinión pública ya es consciente de la importancia que para el bien de Colombia tiene un sector rural fortalecido y en paz, que proteja la iniciativa privada y que contribuya a generar capital social.

Uno de los puntos de mayor coincidencia entre las diferentes plataformas del reciente debate electoral relacionadas con el sector agrícola, y entre los diferentes observadores de la realidad rural, es la necesidad de desarrollar y proveer bienes públicos para el campo, incluyendo los básicos que debe entregar el Estado a todas las comunidades como una buena infraestructura en términos de vías secundarias y terciarias y seguridad, así como bienes públicos sectoriales como sistemas de riego y drenaje, asistencia técnica o investigación, entre muchos otros.

Dada la coincidencia en este punto del debate, conviene entonces definir y analizar la mejor manera de proveer dichos bienes públicos sectoriales bajo la conocida premisa de que “el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”. Al definir un bien público sectorial, estamos hablando de un bien o servicio al cual tiene acceso un sinnúmero de individuos de un sector de la economía que lo pueden utilizar, quienes individualmente no lo podrían desarrollar o financiar. En el caso particular de los pequeños productores, los bienes públicos son altamente valorados, y son el Estado y las instituciones los llamados a proveerlos para fortalecer la competitividad del sector.

En el caso del café, con recursos del Fondo Nacional del Café y de otros actores de la institucionalidad cafetera, y gestionando otros originados en la cooperación nacional e internacional, la Federación de Cafeteros ha enfocado sus grandes líneas de acción en 5 activos públicos cafeteros: Investigación; Extensión Rural y Asistencia Técnica; Reconversión Productiva; Promoción, Diferenciación y Valor Agregado y como quinto Garantía de Compra. Los primeros cuatro son relativamente conocidos, razón por la cual quisiera profundizar en esta carta en el rol clave de la Garantía de Compra para la sostenibilidad y viabilidad del campo.

Para comprender este último asunto, es importante tener en cuenta los grandes obstáculos que afrontan los pequeños productores para comercializar sus cosechas. Un pequeño productor de papa, por poner un ejemplo, está necesitado de liquidez al momento de obtener su cosecha y se encuentra especialmente vulnerable frente a los vaivenes del precio y a una serie de ineficiencias de nuestro mercado. De esta manera, éste debe incurrir en costos de transporte desde su finca hasta un centro de comercialización, con frecuencia lejano, para vender su producto, como es el caso de los productores de Cundinamarca y Boyacá quienes deben llevarlo a Corabastos, sin conocer aún el precio que les pagarán ese mismo día y sabiendo que si llega “demasiado tarde” al punto le comprarán su producto a un precio muy inferior al real que se verá obligado a aceptar. De hecho, no sabe cuál es el precio real de mercado, quién lo determina, si tiene alguna relación con las cotizaciones internacionales, etcétera. Claramente se ve obligado a negociar en condiciones desiguales con el comprador quien ejerce un absurdo poder dominante. Y no falta quien le diga que le paga en unos días, con base en un adelanto o le exige descuentos por pronto pago.

Ejemplos de testimonios y documentos sobre la gravedad de este fenómeno abundan también en otros productos en nuestro país y en varios países latinoamericanos, como es el caso de las fresas en México, del mango en Perú, o de las moras en Honduras. En estos, los grandes compradores o los intermediarios locales, conocidos como coyotes, pirañas, piratas o tiburones, apelativos que demuestran su particular ética de mercado, abusan de la baja capacidad negociadora del productor y de los altos costos de transacción a los que los pequeños agricultores se enfrentan. Incluso, en algunos países el llamado “coyotaje” es considerado por los propios agricultores como su principal reto.

El modelo justo para el pequeño productor es un mercado en donde se conozcan las variables de formación del precio de forma clara y anticipada, el precio se asocie con un estándar de calidad de producto y se reciba el pago de contado cerca al lugar de producción. Este modelo corrige las fallas de mercado, garantiza la transparencia y evita la captura de rentas injustificadas por parte de intermediarios.

Todo lo anterior sirve entonces para poner de manifiesto el valor enorme del activo con el que cuentan los cafeteros de Colombia que es la Garantía de Compra, dirigida a corregir esas imperfecciones de mercado y a reducir los costos de transacción a los productores de café. Es por ello que éste es el bien público cafetero más apreciado por los productores. Así las cosas más del 80% no concibe la venta de su producto sin tener acceso a este instrumento. A través de instituciones como la Federación de Cafeteros y de instrumentos como el Fondo Nacional del Café, se hace la diferencia frente a los retos que enfrentan pequeños productores cafeteros de otros países, o productores de otros bienes agrícolas en Colombia, para comercializar sus cosechas. En definitiva, el ejemplo cafetero colombiano en materia de Garantía de Compra es sin duda un referente mundial y constituye una importante materia de análisis para las discusiones que el país está dando en torno al sector agrícola, donde nuestro gremio tiene mucho que mostrar, y mucho que compartir para aportar su grano de arena, en este caso de café, a la construcción de un nuevo país, en el cual todos estamos empeñados en lograr. Este activo público cafetero, por su eficacia, transparencia y estabilidad  es  por muchos, añorado.