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El 8 de junio de 1708 se hundió frente a las Islas del Rosario, el galeón español San José, considerado el más valioso de los que cruzaban el Atlántico procedentes de Hispanoamérica.
El barco tenía destino final las costas de la Península, específicamente el puerto de Cádiz. Durante estos 307 años la embarcación ha permanecido sumergida y sólo hasta ahora, el presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar su hallazgo por un grupo técnico de la Armada Nacional.
Según expertos, la nave llevaba 200 toneladas de piezas de oro, además de plata, esmeraldas y objetos de valor cultural y artístico procedentes del Perú y otros cargados en Portobelo (Panamá) en una feria comercial. Sus tripulantes y personal de pasajeros, llegaba a 600 personas, de los cuales solo se salvaron 11.
En 1984, el presidente Belisario Betancur anunció acciones para rescatar el San José y antes de expedir normales legales que llevaran a su exploración y rescate, nos pidió a sus ministros estudiáramos el tema y llevó al Consejo de Gabinete a una serie de expertos que explicaron lo relacionado con “especies náufragas” tanto desde el punto de vista jurídico como de las actividades técnicas y científicas que se consideraban pertinentes.
Son más de 30 años de batallas jurídicas, ante los tribunales americanos y colombianos, con decisiones que van desde el fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en Washington resuelto a favor del Estado colombiano, dentro de la demanda interpuesta por la empresa SSA que reclamaba una indemnización de US$17.000 millones, hasta el 2013 bajo la administración de la ministra de Cultura, Mariana Garcés, en que se expidió la Ley 1675 de patrimonio sumergido destinada a resolver casos como el del galeón español.
En cuanto a este tesoro oculto en las profundidades del mar, se han tejido muchas especulaciones y despertado demasiadas ilusiones.
Lo cierto es que el hallazgo tiene una gran importancia para el país en materia histórica y arqueológica, además de lo que podría representar económicamente, asunto este último que será materia de intensas batallas jurídicas que involucrarán a varios países.
Colombia jugará un papel esencial pues la nave se encuentra en sus aguas territoriales; España, defenderá sus derechos como propietaria de la carga; Perú alegará que el tesoro provenía mayoritariamente de sus territorios y los Estados Unidos defenderá a las empresas involucradas como la SAS, ya mencionada.
Seguramente en los próximos días se despejarán fantasías acerca del valor real del tesoro, y entonces se podrá hablar en términos más reales. Como dice el historiador cartagenero Segovia “por ser patrimonio de los colombianos las piezas no se podrían vender”.
El asunto va para largo, pero mientras tanto la Armada puede ir perfilando el real valor del importante hallazgo.
