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La condena de $227.441 millones impuesta por el Consejo de Estado al Distrito por el derrumbe del Relleno Sanitario Doña Juana (Rsdj) tenemos que asumirla los habitantes de la ciudad en 2014 vía mayores impuestos, pago que se podía haber realizado con los excedentes de la bolsa general del esquema de aseo (cobros de más que se hicieran a los usuarios del servicio entre 2003 y 2012), si las diferentes administraciones de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) no hubieran dilapidado dichos recursos en actividades que prohíbe la regulación.
En 1994 el Distrito entregó en concesión a Prosantana la operación del Rsdj y el tratamiento de lixiviados bajo la técnica experimental de reinyección. Desde el inicio la reinyección de lixiviados generó problemas, ante lo cual el concesionario, con la autorización del Distrito, realizó modificaciones sin contar con estudios previos de estabilidad, produciendo una excesiva presión de líquidos y de gases al interior del relleno y su consiguiente derrumbe.
En septiembre de 1997 se produjo el deslizamiento de 1.200.000 toneladas de basura del Rsdj, residuos que al quedar dispersos a cielo abierto causaron diversas enfermedades entre la población aledaña, además de contaminar el río Tunjuelito por el vertimiento de lixiviados (líquidos producidos por las basuras), contingencia que da origen a una demanda en contra del Distrito.
Con base en la anterior consideración el Consejo de Estado condena al Distrito a pagar $227.441 millones a las personas afectadas por el desastre, arguyendo que a pesar de haber entregado el servicio en concesión, ello no significa que se desentendiera de ejercer el control, inspección y vigilancia que debía realizar, acorde con las normas que regulan el servicio de aseo, toda vez que los entes locales son los garantes de la prestación eficiente de los servicios públicos, por lo tanto deben asumir las consecuencias de hechos que se deriven de la omisión o mal ejercicio de las competencias asignadas.
Los recursos para cumplir con la condena acaban de ser aprobados dentro del presupuesto del Distrito para el 2014 (Uaesp, inversión directa, programa Basura Cero), con lo cual las obras y actividades que se realicen durante dicha vigencia estarían infladas en $227.441 millones, debido a que realmente van a financiar una contingencia que ocurrió hace más de 16 años, todo por la improvisación y la falta de planeación de la administración y del operador del relleno.
De esta forma, la condena la deben asumir los habitantes de la ciudad vía mayores impuestos, aunque se habría podido cubrir no con recursos del presupuesto distrital sino con los generados por el propio sistema, los excedentes de aseo, los que a octubre de 2010 superaban $87.500 millones (a finales de 2012 se redujeron considerablemente) y que ampliamente se habrían triplicado de no haber sido utilizados por diferentes administraciones de la Uaesp para financiar actividades prohibidas por la regulación, tal como lo denunciamos en anteriores columnas.
Ahora bien, como el Ente Superior condena a Prosantana a restituir al Distrito lo pagado por este, se debe tener en cuenta que dicha firma entró en liquidación años atrás, por tal motivo prácticamente resulta imposible recuperar esos recursos, de forma similar como le ha ocurrido a diferentes entidades del estado que han perdido demandas y que luego repiten contra terceros, quienes se han declarado insolventes.
