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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha exaltado el sistema de salud colombiano por su equidad, al haber logrado el aseguramiento de más del 96% de la población colombiana. La participación del sector privado en la administración del Sistema General de Salud ha arrojado resultados positivos que se pueden constatar con algunos ejemplos: mientras en 1990 la expectativa de vida de los colombianos era de 70 años, hoy es de 76 años; en 1990 la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos era de 51, hoy es de 19; en 1990, la cobertura de inmunización antisarampionosa en niños de un año era 76 hoy es de 96 niños; la mortalidad materna por cada 100.000 nacidos, en 1990 era de 140 madres, hoy es de 85; los partos atendidos por personal de salud calificado en 1990 era de 40, hoy es de 96 partos.
Si esto es así, según datos de la OMS, entonces ¿por que saltan a la vista fallas graves del sistema? como: problemas en el flujo de los dineros que recauda el gobierno para la salud y de las trasferencias que hace hacia los entes territoriales, a las EPS, a las IPS y, de estos hacia los proveedores; altos costos en los medicamentos, altos niveles de corrupción, entre otros. La demora en el flujo de los recursos que se hacen a las EPS e IPS es responsabilidad del Gobierno Nacional y del Fosiga que deben autorizar el pago de los medicamentos y procedimientos que se recobran por cuenta de aquello que no está contemplado en el plan obligatorio de salud (POS).
En debate llevado a cabo en el Senado de la República, el martes anterior se expresó por varios Senadores que el Fosiga adeuda $2,5 billones al sistema de salud y que tiene una cantidad importante de recursos depositados en TES, mientras tanto, las instituciones de la salud están en estado de insolvencia.
De los 40 billones de pesos que constituye el gasto anual de la salud de los colombianos, aproximadamente 12 billones de pesos cuestan los medicamentos, ósea un 33%. En Colombia los medicamentos, especialmente los llamados biotecnológicos producidos a base de células de organismos vivos, tienen costos altísimos comparados con lo que valen esos mismos medicamentos en otros países. Tres ejemplos publicados por el diario El Espectador que tuvo acceso a un estudio que esta por divulgar Fedesarrollo según la misma publicación son suficientes para ilustrarnos: "el Adalimumab utilizado en tratamiento de artritis reumatoidea es cobrado en Colombia a un precio 173% más alto que el que la misma empresa cobra en el Reino Unido.
El caso del Interferón Beta 1-b es más escandaloso. Aquí se comercializa a un precio 3.204% mayor que en países Europeos". Una mención especial merece el Rituximab, ya que el precio en Colombia es US$1.323, mientras que el cobrado en el Reino Unido es tan solo de US$ 278, según publicación del mismo diario.
Existe una necesidad imperiosa de reducir los costos de los medicamentos en el país y de ejercer, por parte de la Comisión de Precios de Medicamentos, compuesta por los Ministros de Salud, y de Industria y Comercio y un representante del Presidente de la República, la atribución y el deber legal que, les impone ejercer control sobre los precios de los mismos lo que, evidentemente como afirmo la Contralora General de la República, no se ha hecho con la eficacia que los usuarios del sistema de salud requieren.
Es urgente la implementación de una política farmacéutica que marque el rumbo sobre la producción de los medicamentos biosimilares que son los genéricos de los biotecnológicos.
La ministra de Salud se ha comprometido a ello. Por último, el problema de la corrupción que ha llevado a la fuga inmisericorde de recursos públicos de la salud y a la intervención de algunas EPS, flagelo que se debe combatir con toda celeridad por parte de los órganos competentes, con sanciones ejemplarizantes para que no se roben más los recursos de la salud de los colombianos.
