Colombia: ¿gobernabilidad extrema?

Afirmó el presidente Juan Manuel Santos en su censurada intervención ante la Convención del Partido de la U, el pasado 28 de octubre, que la falta de gobernabilidad en los Estados Unidos se derivaba de la imposibilidad de poner de acuerdo a los demócratas y a los republicanos, al tiempo que en Colombia existía una gobernabilidad envidiable, porque su Partido de la U lo respaldaba y le aprobaba todas sus iniciativas.

Considero que ambos extremos son perjudiciales para nuestras democracias.  Tan nefastas son las desavenencias de los partidos estadounidenses como la obediencia ciega del Congreso de Colombia a los caprichos del Partido Liberal liderado por el señor Presidente de la República.  

Prueba de que a un gran número de nuestros congresistas los manipula el Ejecutivo como marionetas fue su infortunada reforma a la Justicia. Pocos de ellos la leyeron y estuvieron a punto de aprobar una reforma que no solucionaba los graves problemas de incompetencia del sector judicial. Sin Justicia y sin Orden Público nunca tendremos paz.

Los costos derivados de la aplicación de las leyes de reparación de las víctimas y la recuperación de las tierras, son el resultado de una gobernabilidad extrema que se apoya en los dineros que el Gobierno adjudica a los congresistas a cambio de su voto. Dineros que se emplean para fines razonables tanto como para beneficios personales.  Los costos de estas leyes no fueron debidamente  presupuestados, motivo por el cual resultarán ser ineficaces o ser una insoportable carga para las generaciones futuras.  De acuerdo con la propaganda oficial por la televisión deduzco que el financiamiento de alguna de estas leyes lo está transfiriendo el Gobierno a unos municipios pobrísimos.

Pliegos de peticiones y huelgas en sectores esenciales, como las fuerzas del orden, la Justicia, la salud...  No soy abogado, pero entiendo que en casi todas las legislaciones racionales del mundo, no pueden los servidores públicos presentar pliegos de peticiones, ni celebrar convenciones colectivas, ni declarar, ni hacer huelga. Pueden, sí, presentar solicitudes mesuradas para mejorar la calidad de los servicios y los funcionarios. Por medio de un decreto reciente firmado por el presidente Santos y el ministro Pardo Rueda ya se le abrió la puerta a todos estos discutibles “progresos”. Preparémonos para 3.000 problemas sindicales entre enero y marzo de 2013.

Espero que la gobernabilidad aludida analice a fondo la reforma sobre las pensiones de jubilación que se apresta a presentar al Congreso el ministro Pardo Rueda, por su elevado costo. Recordemos que el propio Pardo reconoció que los colombianos mayores de 65 años, sin ningún ingreso, ascienden a las 2.500.000 personas, las cuales de ser subsidiadas con una mesada exigua, de $300.000/mes, de $3,6 millones/año, nos demandarían a partir del 2016 unos $9 billones/año.   

Creer que todo lo anterior lo soporta la economía colombiana porque, según el ministro Mauricio Cárdenas, este año vamos a crecer al 4,8%,  cuando todos, salvo el Dane,  sabemos que con crecimientos del PIB inferiores al 5% tan solo se alcanza sostener el empleo existente.  

Cuando se alude a la salud de la economía colombiana resulta infantil no justificar las cargas de las nuevas leyes presupuestando su impacto sobre las generaciones futuras, cada vez con menos jóvenes y con más personas mayores.  No perdamos de vista que un asistencialismo antojadizo en favor de unos pocos puede desquiciar una economía con repercusiones nefastas para todos, en especial, para los más pobres, como en Europa. Un revés en nuestras finanzas le allanará la vía a los socialismos bolivarianos.