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El lavado de activos y la financiación del terrorismo (Laft) constituyen fenómenos de carácter complejo, por lo que su análisis debe ser abordado desde un punto de vista multidimensional.
En lo que hace referencia a los efectos macroeconómicos, esos fenómenos traen consigo implicaciones negativas tales como: a) distorsiones en los parámetros económicos, en especial, frente al tamaño del Producto Interno Bruto y frente al dinamismo de la actividad productiva en su conjunto, b) alteración, tenencia y velocidad de circulación del efectivo y c) entradas masivas de capitales o divisas, lo que deriva en peligrosas distorsiones cambiarias.
En cuanto a las implicaciones microeconómicas, la principal está relacionada con la posibilidad que tienen quienes se dedican a este tipo de actividades, de operar bajo condiciones diferentes de las de mercado, al poder producir bienes y servicios cuyos costos no recogen las señales de mercado. Adicionalmente, el lavado de activos genera importantes consecuencias sobre sectores tales como el financiero o el real.
En lo que se refiere al financiero, el cumplimiento normativo en estas materias tiene implicaciones negativas para el negocio y para sus clientes. Las entidades bancarias están suspendiendo la vinculación de clientes que consideran riesgosos o sobre los cuales resulta imposible o costoso realizar las labores de información exigidas en las normas. A su vez, se nota una tendencia a la disminución de la banca corresponsal en países considerados de alto riesgo. En relación con el impacto sobre el sector real es notorio que las redes criminales han optado por movilizar sus recursos a través de empresas y negocios diferentes a los financieros. Es por esto que las empresas del sector real también precisan de normas claras, relativas a la gestión del riesgo de Laft, incluyendo la supervisión y correspondientes sanciones por su inobservancia.
Por el lado de los impactos sociales, las estructuras criminales y los grupos armados afectan la vida de los ciudadanos, los niveles de pobreza y la inversión en infraestructura e influyen e impulsan otras actividades delictivas, entre otros. Sobre este punto, es importante que los países dispongan de diagnósticos y de una visión integral de estos fenómenos de suerte que puedan diseñar e implementar políticas públicas acordes con esas realidades. Finalmente, no se debe ignorar que la ofensiva de algunos países en contra de las organizaciones criminales es lo que ha llevado a la difusión trasnacional de esas estructuras.
Es preciso pasar del discurso a la acción en esta materia pues, si bien es cierto que todos los países reconocen la necesidad de una acción coordinada frente a estas amenazas, ello no tiene asidero en los desarrollos que se vienen realizando en la práctica.
Sin lugar a dudas, el lavado de activos y la financiación del terrorismo constituyen fenómenos de carácter complejo, por lo que su análisis debe ser abordado desde un punto de vista multidimensional. Esto es en sus efectos macroeconómicos; su incidencia sobre la eficiencia de los mercados y, en particular, sobre algunos sectores y sus implicaciones de tipo social y secuelas a nivel regional. En lo que hace referencia a los efectos macroeconómicos, cabe destacar que distintos estudios, en particular el realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2004 y el de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia de 2011, coinciden en señalar que el lavado de activos trae consigo implicaciones negativas sobre las economías a través de, al menos, tres rutas.
La primera deriva de las distorsiones en los parámetros económicos que acarrea, en especial, frente al tamaño del Producto Interno Bruto y frente al dinamismo de la actividad productiva en su conjunto.
