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Observar lo que pasa con el sector arrocero, lo mismo que con el lechero, no es un ejercicio inocuo: son los dos sectores más amenazados por los tratados de libre comercio. Y a su turno, son después del café los grandes empleadores del sector agropecuario. Del cultivo del arroz dependen 500.000 familias; y existen 300.000 unidades familias lecheras la inmensa mayoría de las cuales ordeñan muy pocas vacas y tienen índices de productividad extremadamente bajos.
Por lo tanto, trabajar en su reestructuración para que estén mejor preparados cuando terminen los plazos de desgravación arancelaria previstos en los TLC que ha negociado Colombia es, probablemente, la tarea preeminente de la política agropecuaria del país. No podemos permitir de ninguna manera que las fuerzas del libre comercio arrasen con estos dos sectores.
Esta semana tuve la oportunidad de asistir al XII Congreso Internacional del arroz que se reunió en Porto Alegre (Brasil) y presentar allí las políticas que se han puesto en marcha para apoyar la apremiante modernización de la estructura arrocera del país.
Mas allá de los episodios ocurridos en los últimos días (bastante comentados por cierto) cuando el precio del arroz al consumidor ha aumentado un inaceptable 30%, y la Superintendencia de Industria y Comercio ha anunciado investigaciones contra representantes del sector comercial y de la industria molinera del país para establecer si ha habido practicas abusivas de acaparamiento, es bueno reflexionar sobre el futuro de la producción primaria del arroz en nuestro país.
En Colombia se cultiva arroz en 217 municipios en una área de 450.000 hectáreas (equivalente a 70% de la que está dedicada a la caficultura); ya hemos mencionado cómo directa e indirectamente 500.000 familias dependen del cultivo del arroz; su cadena exhibe una estructura tremendamente concentrada en unos pocos participantes (2 molinos manejan el 47% del mercado); históricamente es un sector que ha estado muy amenazado por el contrabando sobre todo el proveniente del Ecuador y Venezuela; sus costos de producción por diversas razones son altos y su productividad baja; y el tratado de libre comercio con Estados Unidos contempló un periodo de desgravación arancelaria de 19 años, de los cuales ya han transcurrido 4.
Esos plazos de desgravación son entonces la ventana de oportunidad dentro de la cual hay que introducir imperiosamente mejoras en la productividad del sector, para que cuando termine dicho periodo y caiga la ducha fría de la libertad total de comercio con aranceles cero, no quede avasallada la producción y el empleo colombiano.
Durante los primeros años de la Administración Santos se adoptaron políticas en esa dirección, de común acuerdo con el gremio representativo del sector: Fedearroz.
La primera ha sido la adopción de un programa masivo de incorporación de variables tecnológicas de todo orden, denominado Amtec. Los resultados empiezan a ser muy alentadores. Los costos de producción en el nuevo esquema frente a los tradicionales se han reducido entre 24%- 28%. Se ha reducido el consumo de agua en las parcelas experimentales con el nuevo sistema en 42%. La utilización de herbicidas e insecticidas genéricos ha logrado reducir los costos en un 46% y 40% respectivamente frente a los productos de marca. Los costos de producción por tonelada en el sistema Amtec muestran alentadores reducciones frente al sistema tradicional del 33%.
Y , finalmente, se ha logrado canalizar financiamiento derivada del sistema de subastas del contingente de importación (cuyos recursos van exclusivamente a los productores) para ir dotando a estos de capacidades de almacenamiento y secado que les permita contrarrestar el agobiante poder de mercado de que goza el sector molinero. La primera planta de los productores se inaugurará próximamente en el Casanare.
Este es el camino lúcido para hacerle frente a la dura competencia que los TLC le plantea al cultivo del arroz en Colombia. La solución no está en hacer paros ni en adoptar posiciones apocalípticas. Está en comprender que la ventana de oportunidad que brindan los plazos de desgravación hay que aprovecharla al máximo para reestructurar la eficiencia productiva de este sector. Y otro tanto debe hacerse con las unidades productoras de leche en Colombia.
