Acción indebida contra el contrabando

Dos días atrás se dio inicio al cierre provisional nocturno de las vías que facilitan el paso entre Colombia y Venezuela. Esta medida, supuestamente tomada de común acuerdo entre los gobiernos de ambas naciones, es la primera de varias acciones que se determinaron para afectar los flujos de mercancía de contrabando entre estos territorios.

Ahora bien, si todas las medidas diseñadas para arremeter contra el fenómeno del contrabando en la zona de frontera son tan torpes como ésta, será el momento de creer que el reciente encuentro de los mandatarios fue absolutamente improductivo.

Muy orgulloso de la medida apareció ante los medios bolivarianos el general en jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López. En sus términos, la frontera estará cerrada durante treinta días, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. Además, el transporte de carga tendrá una restricción temporal mayor. 

La miopía para tomar decisiones de este tipo es evidente. Fácilmente se concluye que el cierre de frontera afecta la legalidad; va contra el tráfico de mercancías que cumplen con los requerimientos de ambas naciones, puesto que es por las vías que han decidido cerrarse por donde cruzan comerciantes y personas que hacen negocios transparentemente.

Señaló el General en Jefe que “con estas medidas estamos incrementando los mecanismos para reducir a su mínima expresión el contrabando”. Lo anterior sin importar que las más de 300 trochas por las que hay notorio flujo de contrabando siguen abiertas. Y lo más crítico es que decenas de ellas son públicas y con el beneplácito de miembros de la fuerzas armadas de ambas naciones. 

Bastante más iluso resultó el actual gobernador del Estado Táchira, José Vielma Mora, quien indicó a los medios de comunicación que el cierre de la frontera debiera darse hasta el momento mismo en que el contrabando se acabe. Basados en esa tesis, habría que cerrar las fronteras de muchas naciones durante una eternidad.

Los mecanismos que deben tenerse en cuenta para enfrentar una problemática como la que se aborda por parte de las autoridades de ambos países tienen que involucrar medidas (correctamente dispuestas) del orden coyuntural, que sirvan para frenar el flujo de contrabando, pero a su vez estructurales, que faciliten un cambio en los procedimientos y trámites respectivos a las dinámicas de exportación e importación entre países vecinos. 

Una medida como la recientemente adoptada  para enfrentar el contrabando termina siendo ridícula ante el monstruoso tamaño del problema que se está enfrentando. 

Es, además, suponer que la producción colombo-venezolana (inclúyase acá la gasolina), que fluye de manera ilegal, lo hace a través de las vías en las que la fuerza pública realiza sus actividades de seguimiento. Esa es una premisa bastante tonta, por no decir, absurda.

Es prioritario un procedimiento más ajustado a la realidad que envuelve los 2.219 kilómetros de frontera. Una real y transparente labor de inteligencia es condición fundamental para el encuentro de soluciones al problema. Tomar medidas que afectan directamente el comercio legal y formal no arroja resultados favorables; por el contrario, fomenta mayor clandestinidad.

Hay todavía preguntas elementales que no se han respondido: ¿por qué si hay lugares (no pocos) que ya han sido detectados por las autoridades como fuente de productos de contrabando, estos siguen abiertos al público, ofreciendo mercancía ilegal? Es irracional que se cierren los puentes y las vías de paso fronterizo, mientras los sitios que expenden mercancía clandestina continúan ofreciéndola.