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De acuerdo con la entidad, estas sanciones tuvieron un costo de $157.000 millones, siendo la tercerización laboral la actividad que fue castigada con el monto más alto, alcanzando 192 sanciones, con un costo de $81.000.
La entidad reveló además, que el mayor número de sanciones, aunque no fuera el monto más alto, correspondió a las violaciones de normas relacionadas con la salud ocupacional, la higiene y seguridad industrial, alcanzado 344 sanciones, por un valor cercano a los $15.000 millones.
La ministra Clara López señaló que la labor de la entidad no es sancionar entidades, sino “que se cumpla la misión de las empresas de satisfacer plenamente todos los criterios de trabajo decente”.
“Por eso, esas sanciones pueden ser transformadas, aliviadas o levantadas, en la medida en que las compañías entren en procesos y pactos con sus sindicatos para la formalización laboral”, completó la ministra.
La agenda incluyó también una reunión con la junta ampliada de la Andi Seccional Risaralda y una visita al proyecto de expansión de Magnetrón
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