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El Congreso, el Ejecutivo, el sector automotor y el sector petrolero se han fijado unas metas para cumplirle al país
El anuncio de las leyes aprobadas de reducción de emisiones contaminantes y de incentivos para el uso de vehículos eléctricos son un paso hacia la evolución y renovación de la movilidad del país. Fenómenos como la creciente urbanización, la industrialización y la circulación de vehículos móviles sin mantenimiento o con más de 20 años de uso, han incrementado las emisiones en América Latina y Colombia, afectando la calidad de aire en el ambiente.
En este sentido, de un lado, la Ley de promoción al uso de movilidad eléctrica en el país es la dirección correcta para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, favorecer el potencial energético del país y promover una movilidad sostenible para todos los actores viales.
Colombia, cuenta entonces con políticas de fomento a la movilidad eléctrica, con tarifa de IVA reducida, tarifas diferenciadas en el pago del Soat, impuesto anual de vehículos, revisión técnico mecánica, exención de medidas restrictivas (pico y placa, día sin carro, restricciones por materia ambiental, y metas para el desarrollo de infraestructura en parqueaderos, carga para vehículos en edificios y estaciones de servicios.
De otro lado, y en orden a que el país cuente con una canasta energética diversa e inclusiva, y en referencia a la Ley de emisiones contaminantes, el desafío para el gobierno y el sector automotor ingresa en una etapa de ascenso.
En los próximos años el trabajo conjunto entre lo público y privado será esencial para el éxito de la implementación de las metas establecidas: como lo son el cumplimiento con estándares de emisión Euro 3 o su equivalente o superior, para el ingreso de motocicletas al país en enero de 2021 y límites máximos permisibles de emisión Euro VI o su equivalente o superior, para los vehículos a diésel que se produzcan o importen en 2023, lo anterior con la calidad del combustible requerido para lograr los límites máximos permisibles para estas fechas.
El Congreso, el ejecutivo, el sector automotor y el sector petrolero, se han fijado unas metas para cumplirle al país, con el fin de reducir en 96 % las emisiones de partículas en camiones y buses diésel con vehículos EURO VI en 2023, teniendo en cuenta que el parque automotor hoy es principalmente EURO II y EURO III, y en motocicletas 50% de reducción en la contaminación a partir de enero de 2021.
En cuanto a los vehículos eléctricos, durante los últimos siete años se han comercializado cerca de 1.400 de ellos; con estas leyes esperamos que se supere la meta del Gobierno de llegar a tener 6.600 vehículos eléctricos en la próxima década. Todo esto será posible si todos los involucrados cumplen su compromiso para trabajar de manera coordinada y articulada en la mejora de la movilidad nacional.
Para garantizar la reducción de la contaminación del aire, se fortalecen las instituciones mediante la creación de las Comisiones Intersectoriales de Calidad del Aire que buscan plantear e implementar acciones para reducir la contaminación del aire en cada municipio o distrito.
Por su parte, debemos trabajar de manera articulada la academia y el sector privado, para propiciar la investigación y la generación de alternativas para reducir las emisiones contaminantes, prevenir sus efectos en la salud y mejorar la calidad del aire.
