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Para quienes no estén familiarizados con la sigla BIM, el Building Information Modeling es un concepto que está revolucionando la forma como pensamos los proyectos durante todo su ciclo de vida: diseño, planeación, construcción, operación/mantenimiento e inclusive su demolición.
BIM es una forma de trabajo colaborativo entre todas las disciplinas que intervienen en el desarrollo de los proyectos, a partir de un modelo tridimensional cargado de información que permite gestionar los datos. Con este modelo 3D se “construye” el proyecto antes de su construcción real, de tal forma que se identifican previamente todos los posibles problemas, logrando incrementar considerablemente la productividad (ahorro de 20 a 30% en los costos y eficiencia en los tiempos de entrega).
En esta tercera versión del BIM European Summit, se dieron cita los actores más relevantes del sector privado que están impulsando su implementación en Europa, y me llamó la atención la presencia y compromiso del sector público. Pero, ¿por qué les interesa a los políticos europeos el BIM? Muy sencillo: ejecutar eficientemente los proyectos públicos de edificaciones o infraestructura sin sobrecostos y dentro de los tiempos programados es definitivamente un activo electoral para tener en cuenta.
Los estados europeos están invirtiendo para crear políticas de implementación BIM. El gobierno de Inglaterra, por ejemplo, fue pionero asignando un presupuesto inicial en el 2011 de 15 millones de libras esterlinas (cerca de US$19,2 millones), dando como resultado la obligatoriedad de utilización BIM nivel 2 para licitaciones públicas desde el 2016.
En España, lo será a partir del 2018, y en Alemania desde el 2020. Francia, por su parte, ha asignado más de 20 millones de euros (US$22,7 millones) en su Plan Transition Numérique dans le bâtiment.
La buena noticia es que esta tendencia mundial ya inició su propagación en Colombia. Iniciativas desde Camacol están incentivando al sector privado a incursionar en sistemas BIM, y es así como las grandes constructoras del país ya están invirtiendo en ello para incrementar su productividad en los proyectos.
El sector público colombiano debe ver esta oportunidad de innovación y generar políticas para la implementación BIM en el país, lo que significaría una reducción de los altos sobrecostos y retrasos en los proyectos públicos a los que estamos acostumbrados a pagar los contribuyentes.
A esta iniciativa debería unirse la academia para que lidere una actualización de los programas universitarios para preparar a la fuerza laboral en la migración irreversible del sector constructor hacia el BIM.
