APP e infraestructura

Dicha Ley surge como respuesta a la imperiosa necesidad que tiene el país de desarrollar infraestructura que contribuya a incrementar el nivel de competitividad, que por la vía de obra pública no es posible por limitaciones presupuestales y de capacidad. Así las cosas, se busca vincular mecanismos más eficientes como es el caso de la inversión privada.

Transcurridos casi cinco años desde su promulgación, pareciera que la Ley aún no ha sido aprovechada lo suficiente.  Por tanto, resulta muy oportuno analizar qué ha impedido que el marco normativo de las APP se convierta en el principal mecanismo para el desarrollo de la infraestructura asociada a edificaciones públicas, aeropuertos, vías, infraestructura educativa y de salud, que el país está necesitando.  

Una primera razón tiene que ver con la falta de capacidad, me refiero principalmente al nivel territorial, la que se agudiza en los municipios, donde difícilmente se podrían estudiar y aprobar proyectos y estudios de este nivel de complejidad. 

Una segunda explicación tiene que ver con el largo proceso que debe acometerse para la aprobación de una APP. Este tarda 18 meses en el mejor de los casos, esto es, ajustándose estrictamente a los tiempos que establece la Ley y suponiendo que en cada uno de los pasos se obtiene concepto favorable o aceptación de la propuesta.

Sin embargo, y de acuerdo con información del DNP, el país ha mejorado en su capacidad para desarrollar APP desde la introducción de la Ley, siendo superado hoy por Chile, Brasil, Perú y México, en el ámbito latinoamericano.

También puede destacarse que actualmente se presentan en promedio, 121 iniciativas privadas anualmente, muy por encima de otros países como República de Corea, Chile y Sudáfrica, lo que podría indicar que estamos en medio de un proceso de maduración de los proyectos y que pronto percibiremos los frutos de estos esfuerzos con la materialización de las obras contratadas.

Considero que a pesar de la lentitud del proceso, es importante insistir en estas iniciativas, promoverlas, capacitar a la gente y a los funcionarios públicos, porque las APP no solo hacen económicamente viable desarrollar infraestructura, sino también por los argumentos de eficiencia que las soportan y que le apuntan a que a través de la inversión privada los sobrecostos son mucho menores.  

Para finalizar, considero importante que las Gobernaciones se conviertan en coordinadores y entes facilitadores de estos procesos para que así los municipios más pequeños tengan la posibilidad de ver cristalizados proyectos de infraestructura a través de la valiosa herramienta de las Asociaciones Público Privadas.