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Aeromatecaña tendrá aportes de la Nación

jueves, 30 de mayo de 2013
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Teresita Celis

Con la visita del presidente Juan Manuel Santos, ayer a Pereira, los risaraldenses ya pueden respirar tranquilos frente a dos proyectos claves para el desarrollo de esta parte del país: la modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña y el Centro de Convenciones. En ambas iniciativas la Nación aportará unos $62.000 millones.

En el primer caso Santos firmó el convenio con el que se descongelan los recursos de la Nación para el Aeropuerto, que fueron frenados por el Ministerio de Transporte ante presuntas irregularidades denunciadas en las licitaciones de la torre de control y la ampliación de la pista. Según el alcalde de Pereira, Enrique Vásquez, el convenio firmado ayer fue por los $9.000 millones previstos para la vigencia de 2013 y se espera que entre 2014 y 2015 el Gobierno apropie y desembolse los $41.000 millones restantes, para completar el aporte de la Nación a la modernización de Aeromatecaña por $50.000 millones.

El Presidente ratificó además los $12.000 millones para el Centro de Convenciones, en un acto que se realizó en el centro ferial Expofuturo, en cuyas inmediaciones se levantará en un área de 6.000 metros cuadrados, la infraestructura para atender el mercado corporativo.

Pide salvavidas
Santos estuvo en un encuentro empresarial, donde escuchó casos exitosos de industriales locales que han utilizado las líneas de financiación de Bancóldex, pero también le hicieron peticiones.

Una de ellas vino del empresario y presidente de la firma carrocera Busscar de Colombia, Roberto Galvis, quien le pidió al Presidente ‘salvar’ los sistemas de transporte masivo ante la difícil situación financiera por la que atraviesan la mayoría de ellos -exceptuando el de Bogotá-teniendo en cuenta que allí el Gobierno ha invertido más de $12 billones.

Galvis propuso tres fórmulas que según afirma podrían ayudar a sacar del ‘atolladero’ a los masivos: “establecer una tarifa diferencial al combustible, conformar un estatuto básico que regule la relación entre el nivel central y los gobiernos locales, y abrir la posibilidad de crear un fondo de fomento a los sistemas que pueda cubrir la diferencia entre la tarifa técnica y la del usuario”.

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