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Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación en Venezuela
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La Oficina de Derechos Humanos de la ONU trabaja en Venezuela desde 2019, ahora tiene 72 horas para dejar el país
Venezuela anunció el jueves que suspendió las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dio a su personal 72 horas para salir del país.
La suspensión es "hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas", dijo en un comunicado el Gobierno.
Caracas agregó que realizará una "revisión integral" de los términos de la cooperación técnica, lo que demorará los próximos 30 días. El Gobierno no mencionó un hecho en concreto que provocara la suspensión de la oficina, que cuenta con 13 funcionarios.
La televisión estatal había cuestionado el miércoles en la tarde unas declaraciones del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, quien culminó en la víspera una visita al país. Fakhri criticó un programa oficial de entrega de alimentos mensuales a familias de pocos recursos llamado Clap.
"Tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del Gobierno. Sin embargo, se ha vuelto susceptible a clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación", dijo el funcionario en una nota de prensa de su oficina.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU trabaja en Venezuela desde 2019. El Gobierno sin ofrecer detalles señaló que desde el inicio de sus operaciones, "la Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio".
En el pasado la Oficina ha pedido la liberación de detenidos en Venezuela y más recientemente la del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, manifestó su profunda inquietud, por la detención de la abogada y activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, especializada en seguridad y defensa.
La fiscalía ha vinculado a San Miguel con una conspiración en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La oficina del comisionado de ONU en Caracas dirigió las consultas de Reuters a funcionarios en Ginebra o Nueva York.
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo durante una sesión informativa diaria que acababa de enterarse de la decisión de Venezuela. En ese país funcionan otras agencias de la ONU como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otras.
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