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La orden de Trump restringiría la ciudadanía a los bebés con al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta verde.
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Joseph Laplante en New Hampshire otorgó una orden preliminar que restringe la ejecución de la orden de Trump mientras el caso sigue su curso
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita la ciudadanía automática por derecho de nacimiento fue bloqueada temporalmente nuevamente por un juez federal en una demanda colectiva presentada por un grupo de derechos civiles, restableciendo protecciones que fueron suspendidas el mes pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos.
El jueves, el juez federal Joseph Laplante en New Hampshire otorgó una orden preliminar que restringe la ejecución de la orden de Trump mientras el caso sigue su curso. El juez también acordó certificar provisionalmente el caso como una demanda colectiva que representa a todos los bebés y padres afectados.
La orden de Trump, parte de una amplia ofensiva contra la inmigración, restringiría la ciudadanía a los bebés con al menos un progenitor ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta de residencia permanente. Los críticos afirman que viola una disposición de la Constitución que otorga la ciudadanía a prácticamente todos los bebés nacidos en Estados Unidos. El gobierno afirma que la directiva cierra una laguna legal "perversa" que fomenta la inmigración ilegal.
“Este fallo es una gran victoria y ayudará a proteger la ciudadanía de todos los niños nacidos en Estados Unidos, como lo pretende la Constitución”, dijo en un comunicado Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, quien argumentó el caso.
La orden de ciudadanía por derecho de nacimiento se suspendió inicialmente hace meses en tres casos paralelos, bloqueándola a nivel nacional. Sin embargo, el 27 de junio, la Corte Suprema suspendió dichas órdenes tras dictaminar que, por lo general, los jueces no pueden emitir " órdenes judiciales universales " que bloqueen por completo las políticas federales.
La Corte Suprema devolvió los casos a los tribunales inferiores para que los jueces evaluaran si sus medidas cautelares debían limitarse o modificarse para que solo brindaran alivio a los demandantes. La jueza Amy Coney Barrett, autora de la opinión mayoritaria de la Corte Suprema, señaló que las demandas colectivas serían una forma de obtener un alivio de gran alcance, mientras que otros jueces señalaron que, no obstante, debería mantenerse un alto nivel de exigencia para la certificación de tales casos.
“La decisión de hoy es un intento obvio e ilegal de eludir la clara orden de la Corte Suprema contra el alivio universal”, dijo Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.
Laplante suspendió su medida cautelar durante siete días para permitir una apelación.
“La decisión de este juez viola el estado de derecho al abusar de los procedimientos de certificación de demandas colectivas”, declaró Fields. “La administración Trump luchará enérgicamente contra los intentos de estos jueces de distrito corruptos de obstaculizar las políticas que el presidente Trump fue elegido para implementar”.
La Corte Suprema suspendió por 30 días la ejecución de la orden de Trump, lo que significa que podrá entrar en vigor el 27 de julio si no se emiten medidas cautelares. Los jueces de los tres casos han estado evaluando los argumentos después de que los demandantes ajustaran sus estrategias legales a la luz del fallo del alto tribunal.
La Aclu presentó una nueva demanda después del fallo de la Corte Suprema y solicitó el estatus de demanda colectiva para todos los bebés nacidos después del 20 de febrero que se verían afectados por la orden ejecutiva de Trump, así como para sus padres.
Un juez de Maryland está considerando un caso similar. Los estados con mayoría demócrata que presentaron un tercer caso en Massachusetts argumentan que el fallo de la Corte Suprema no debería afectar su mandato judicial nacional debido a la naturaleza de su demanda.
'Orden judicial ahora'
Laplante, quien previamente bloqueó la orden de Trump en febrero, escuchó nuevos argumentos el jueves. La Aclu declaró en un documento presentado esta semana que «decenas de miles de bebés y sus padres podrían verse expuestos a los innumerables perjuicios de la orden en tan solo unas semanas y necesitan una orden judicial ya».
La semana pasada, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó argumentos judiciales contra nuevas medidas cautelares. Estados Unidos argumentó que el concepto de derecho de nacimiento, contenido en la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, solo pretendía corregir una vergonzosa decisión de la Corte Suprema de 1857 que excluía permanentemente a las personas de ascendencia africana de la ciudadanía estadounidense.
“Las interpretaciones erróneas previas de la Cláusula de Ciudadanía han creado un incentivo perverso para la inmigración ilegal que ha afectado negativamente la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica de este país”, dijo Estados Unidos en una presentación del 3 de julio.
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