Inmigrantes luchan por claridad tras fallo de la Corte sobre el derecho de nacimiento

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos vinculado al derecho a la ciudadanía por nacimiento provocó confusión y llamadas telefónicas a abogados mientras las personas que podrían verse afectadas intentaban procesar una decisión legal complicada con importantes implicaciones humanitarias.

La mayoría conservadora de la corte concedió el viernes al presidente Donald Trump su solicitud de limitar el poder de los jueces federales, pero no decidió sobre la legalidad de su intento de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Ese resultado ha planteado más preguntas que respuestas sobre un derecho que desde hace tiempo se considera garantizado por la Constitución de Estados Unidos: que toda persona nacida en Estados Unidos es considerada ciudadano al nacer , independientemente de la ciudadanía o el estatus legal de sus padres.

Lorena, una solicitante de asilo colombiana de 24 años que reside en Houston y que dará a luz en septiembre, estudió detenidamente los informes de prensa el viernes por la mañana. Buscaba detalles sobre cómo podría verse afectado su bebé, pero dijo que se sentía confundida y preocupada.

"No hay muchos detalles", dijo Lorena, quien, al igual que otros entrevistados por Reuters, pidió ser identificada por su nombre de pila por temor a su seguridad. "No lo entiendo bien". A ella le preocupa que su bebé pueda quedarse sin nacionalidad.

"No sé si puedo darle la mía", dijo. "Tampoco sé cómo funcionaría si puedo añadirla a mi solicitud de asilo. No quiero que esté a la deriva sin nacionalidad".

Trump, republicano, emitió una orden tras asumir el cargo en enero, que instruía a las agencias estadounidenses a negarse a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos que no tuvieran al menos un progenitor ciudadano estadounidense o residente permanente legal. La orden fue bloqueada por tres jueces de distrito de Estados Unidos, lo que llevó el caso a la Corte Suprema.

La decisión resultante indicó que la política de Trump podría entrar en vigor en 30 días, pero pareció dejar abierta la posibilidad de nuevos procedimientos en tribunales inferiores que podrían mantener la política bloqueada. El viernes por la tarde, los demandantes presentaron una demanda enmendada., abre una nueva pestañaen un tribunal federal de Maryland, buscando establecer una clase a nivel nacional de personas a cuyos hijos se les podría negar la ciudadanía.

Si no se bloquean a nivel nacional, las restricciones podrían aplicarse en los 28 estados que no las impugnaron en los tribunales, creando "un mosaico extremadamente confuso" en todo el país, según Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas del Migration Policy Institute, un grupo no partidista.

"¿Tendrían que los médicos y los hospitales individuales intentar averiguar cómo determinar la ciudadanía de los bebés y sus padres?", preguntó.

La iniciativa de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento es parte de una ofensiva inmigratoria más amplia de Trump, y ha enmarcado la ciudadanía automática como un imán para que la gente venga a dar a luz.

"Cientos de miles de personas están llegando a nuestro país en virtud de la ciudadanía por nacimiento, y no fue concebida con ese propósito", dijo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el viernes.

Llamadas de preocupación

Los defensores de los derechos de los inmigrantes y los abogados en algunos estados liderados por republicanos dijeron que recibieron llamadas de una amplia gama de inmigrantes embarazadas y sus parejas después del fallo.

Estaban lidiando con cómo explicárselo a los clientes que podrían verse dramáticamente afectados, dadas todas las incógnitas sobre cómo se desarrollarían los litigios futuros o cómo se implementaría la orden ejecutiva estado por estado.

Lynn Tramonte, directora de la Alianza de Inmigrantes de Ohio, dijo que el viernes recibió una llamada de un ciudadano asiático oriental con una visa temporal y su esposa embarazada. Estaba preocupado porque Ohio no es uno de los estados demandantes y quería saber cómo podía proteger los derechos de su hijo.

"Él siguió enfatizando que estaba muy interesado en los derechos incluidos en la Constitución", dijo. Los defensores subrayaron la gravedad de las restricciones de Trump, que impedirían que unos 150.000 niños nacidos cada año en Estados Unidos reciban la ciudadanía automática.
"Realmente crea diferentes clases de personas en el país con distintos tipos de derechos", dijo Juliana Macedo do Nascimento, portavoz de la organización de derechos de los inmigrantes United We Dream. "Es un caos".

Para mayor incertidumbre, la Corte Suprema dictaminó que los miembros de dos grupos demandantes en el litigio —Casa, un servicio de defensa de inmigrantes en Maryland, y el Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo— seguirían amparados por los bloqueos de tribunales inferiores a la política. Aún no está claro si alguien en un estado donde la política de Trump podría entrar en vigor podría unirse a una de las organizaciones para evitar las restricciones, ni cómo los funcionarios estatales o federales verificarían la membresía.

Betsy, ciudadana estadounidense que recientemente se graduó de la escuela secundaria en Virginia y miembro de Casa, dijo que sus padres llegaron a Estados Unidos desde El Salvador hace dos décadas y carecían de estatus legal cuando ella nació.

"Siento que se dirige contra estos niños inocentes que ni siquiera han nacido", dijo, negándose a dar su apellido por temor a la seguridad de su familia.

Nivida, una solicitante de asilo hondureña en Luisiana, es miembro del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo y recientemente dio a luz. El viernes recibió noticias de una amiga que está embarazada y sin estatus legal y se pregunta sobre la situación con el gobernador republicano de Luisiana, ya que el estado no es uno de los que luchan contra la orden de Trump. "Me llamó muy preocupada y me preguntó qué iba a pasar", dijo. "Si su hijo nace en Luisiana... ¿será ciudadano?"