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El edificio del Departamento de Justicia (DOJ) en Washington, D.C., EE. UU.
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Las modificaciones eliminan de las regulaciones vigentes las referencias al “derecho” del solicitante a una entrevista con un funcionario de asilo
En virtud de una normativa anunciada el lunes, los jueces de inmigración del Departamento de Justicia, figuras clave en la agenda de deportación del gobierno de Trump, desempeñarán un papel más destacado en la resolución de las solicitudes de asilo.
La norma final provisional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos modifica las regulaciones para permitir que los funcionarios de asilo remitan ciertas solicitudes de asilo afirmativas de no ciudadanos a jueces de inmigración sin entrevistar previamente al solicitante. Las modificaciones, que entran en vigor inmediatamente después de su publicación prevista para el martes, eliminan de las regulaciones vigentes las referencias al “derecho” del solicitante a una entrevista con un funcionario de asilo.
Estos cambios, que el Uscis presentó como un esfuerzo por reducir el retraso en la tramitación de las solicitudes de asilo y proteger la seguridad nacional, se producen en un momento en que el Departamento de Justicia, bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump, ha transformado radicalmente los tribunales de inmigración, capacitando a personas para denegar el asilo en la mayoría de los casos y emitir rápidamente órdenes de expulsión.
Según un análisis de Bloomberg Law, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, que abarca los tribunales de inmigración, ha designado a más de 250 abogados militares, exabogados del ICE y otros profesionales para formar parte de dichos tribunales, al tiempo que ha destituido a más de 100 jueces. Muchos de los jueces destituidos fueron nombrados durante la administración de Joe Biden y anteriormente ejercieron como abogados de inmigrantes.
El director del Uscis, Joseph Edlow, afirmó que las regulaciones modificadas ayudarán a proteger la integridad del proceso de asilo, que, según él, ha sido explotado durante mucho tiempo con fines dilatorios y de autorización de trabajo, y no para atender solicitudes legítimas de protección.
“El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas, y esta norma ayudará a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de esas solicitudes en lugar de a quienes buscan utilizar el sistema como una laguna legal”, dijo Edlow en un comunicado de prensa .
Según la norma final provisional, el Departamento de Seguridad Nacional estima que aproximadamente 444.000 de los cerca de 1,4 millones de casos pendientes de asilo afirmativo podrían verse afectados por la norma.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Uscis, indicó que aceptará comentarios por escrito sobre los cambios durante 60 días y que posteriormente publicará una norma definitiva en respuesta a dichos comentarios.
Los jueces de inmigración, que son empleados del Departamento de Justicia y no forman parte de un sistema judicial independiente, suelen resolver las solicitudes de asilo de personas en proceso de deportación. Históricamente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Uscis, ha realizado entrevistas con los solicitantes de asilo antes de decidir si aprueba la solicitud o remite el caso del migrante a un juez de inmigración.
Las entrevistas con los funcionarios de asilo tienen como objetivo no ser contenciosas para obtener testimonios de los migrantes que solicitan asilo, incluidas las víctimas de tortura, dijo Jeremiah Johnson, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración y ex funcionario de asilo del Uscis.
“Parece que la norma forma parte de una agenda de deportación más amplia, para acelerar las expulsiones sin entrevista ni audiencia”, dijo Johnson.
Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, refutó la afirmación del Uscis de que los cambios harán que el proceso de asilo sea más eficiente, citando la propia Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que acumula 3,1 millones de casos pendientes .
“El proceso y la cantidad de recursos necesarios para que un caso llegue a los tribunales es mucho más complejo que si lo escuchara un solo funcionario de asilo”, dijo Chen.
“Eso supondrá un derroche innecesario de los recursos de los contribuyentes al trasladar repentinamente decenas de miles de casos a los tribunales”, afirmó.
Chen afirmó que prevé que los cambios enfrentarán impugnaciones legales, incluyendo la cuestión de si la administración puede negar legalmente una entrevista a los solicitantes de asilo. Otra posible vía de impugnación, según Chen, es una demanda que alegue que la administración violó la Ley de Procedimiento Administrativo al emitir los cambios mediante una norma final provisional de aplicación inmediata, en lugar de conceder un período de consulta pública antes de la publicación de la norma final.
Un portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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